Movilización contra la privatización del registro civil

Movilización contra la privatización del registro civil
Continúan las movilizaciones contra la privatización del Registro Civil pese a las “mentiras” del Ministro Sr. Catalá y a la connivencia de intereses entre el Gobierno y los Registradores. Como continuación de las movilizaciones que se vienen celebrando, y tras la manifestación celebrada en Madrid el pasado 11 de abril protagonizada por miles de trabajadores de los Registros Civiles de todo el territorio nacional, el jueves 16 de abril el Sector de Justicia de CCOO junto con los funcionarios del Registro Civil volvió a concentrarse ante las puertas del Registro Civil, en contra de la decisión unilateral del Gobierno del Partido Popular de privatizar el servicio público del Registro Civil en particular, y de la Administración de Justicia en general.

CCOO denuncia que el Gobierno miente cuando dice que los Registradores son funcionarios públicos. Es falso, pues existen sentencias de la Unión Europea que así lo dicen, tienen que cobrar el IVA y además, a efectos de seguridad social, son trabajadores autónomos. Y miente cuando dice que la desjudicialización del Registro Civil no conlleva la privatización del mismo.

Cuando dice que el Registro Civil es el servicio peor valorado por los ciudadanos miente descaradamente, pues para CCOO tiene una valoración general superior al 80%. Y los fallos que puedan existir no se solucionan regalando un servicio público esencial a los amigos del presidente del Gobierno, Sr. Rajoy.

CCOO denuncia el cinismo y las mentiras del Ministro de Justicia, que miente cuando dice que el Gobierno había llegado a un acuerdo sobre las plantillas tras la privatización. Es falso que el ministerio de Justicia tenga ningún acuerdo sobre este tema, al menos, con CCOO.

Y el colmo de la hipocresía de este Gobierno, es que el Partido Popular está defendiendo en el Congreso, en la tramitación de la privatización del Registro Civil, enmiendas redactadas por los propios Registradores. Los beneficiados del “atraco” que supone la privatización del Registro Civil son los que están redactado la norma que les beneficia.

Para CCOO, el Ministro miente deliberadamente cuando afirma que los servicios prestados por el Registro Civil van a seguir siendo gratuitos para los ciudadanos en los mismos términos que en la actualidad. Prueba de ello, es el Proyecto de Ley de tramitación de la nacionalidad española por residencia, hoy en trámite en el Senado, que establece expresamente que el Gobierno podrá establecer aranceles para retribuir a los Registradores por todas las actuaciones derivadas de dichos expedientes (tramitación del expediente, jura de nacionalidad, inscripción de nacimiento y nacionalidad). O el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que amplía la competencia en la tramitación de los expedientes a los notarios, y permite el establecimiento de aranceles para ello. Estos expedientes, que constituyen más del 80 % de expedientes del Registro Civil, hoy son gratuitos y mañana dejarán de serlo.

Ejemplo de gratuidad son los 4 millones de euros que el Ministerio de Justicia va a pagar al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, según consta en la encomienda de gestión publicada en el BOE de 7 de abril, o las enmiendas propuestas por el Ministerio de Justicia a un proyecto de Ley en tramitación en el Congreso, consensuadas con el Colegio de Registradores, para el cobro de los libros de familia, manifestaciones sobre vecindad civil, capitulaciones, cambios de nombre, etc. que han aparecido en diversos medios de comunicación.

CCOO denuncia que con la privatización no se cumple con el imprescindible consenso con todos los grupos parlamentarios, que en su inmensa mayoría rechazan la privatización, y con toda la sociedad. Si hubiese consenso no estarían en contra de la privatización todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, salvo el PP y la mayoría de las organizaciones sociales y ciudadanas. Durante meses 150.000 expedientes de nacionalidad iniciados en el año 2014 han estado paralizados en el Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad, hasta que el Ministerio ha suscrito por 4 millones de euros una encomienda para que éstos se hagan cargo de su tramitación, en vez de ampliar el personal del Ministerio de Justicia para su tramitación y resolución, en una solución que habría sido sin duda alguna mucho menos costosa para el erario público.

CCOO denuncia que la privatización del Registro Civil supondrá un servicio mucho más alejado de los ciudadanos. Sólo habrá Registros Civiles en las capitales de provincia y algunas ciudades de más de 100.000 habitantes, desaparecerán más de 8.000 oficinas actuales de Registros Civiles, y las supuestas “1.100 oficinas del Registro”, que serán los Registros de la Propiedad y los juzgados de paz, sólo lo serán para poder presentar a través de ellas las solicitudes, como en cualquier administración o servicio de correos, pero que no prestarán ningún otro servicio como expedición de certificados, tramitación de expedientes o práctica de inscripciones.

El sindicato, además de las concentraciones de protesta, ha iniciado la recogida de firmas de una Iniciativa Legislativa Popular en defensa del Registro Civil, en la que nos proponemos recoger 500.000 firmas en el plazo más breve posible. Igualmente hemos llevado el tema al Parlamento Europeo ejerciendo el derecho de petición.

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