Justicia aplaza la privatización del Registro Civil y busca una alternativa. El ministro Catalá abre la puerta a un modelo distinto al de los registradores mercantiles

El Gobierno ha decidido aplazar la cesión de las funciones del Registro Civil a los registradores mercantiles, que debía entrar en vigor el próximo 15 de julio. Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha asegurado que el Ejecutivo sacará el Registro Civil de los Juzgados pero quiere hacerlo “sin presión” y “con consenso”. De momento, la fecha prevista de entrada en vigor del proyecto queda aparcada y Catalá ha abierto incluso la puerta a buscar “otras alternativas” que no pasen por los registradores mercantiles.

“Hemos constatado que hay una oposición importante de sindicatos y de partidos políticos. Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar”, ha anunciado Catalá. El ministro ha comunicado ya la decisión al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y ha asegurado que en las próximas semanas mantendrá reuniones con los sindicatos y con otros partidos políticos para intentar buscar otra fórmula que genere menos rechazo.

“No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las Administraciones Públicas, los trabajadores y los partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en una reforma que no cuente con los apoyos necesarios. Por eso nos replanteamos el tiempo y nos replanteamos incluso el modelo”, ha añadido Catalá. El titular de Justicia ha asegurado que espera que, a partir de ahora, los sindicatos y los partidos planteen alternativas, aunque ha advertido que el diálogo no va a ser “sine die" porque la decisión de desjudicializar el Registro Civil, acordada en el Parlamento en 2011, no está en cuestión.

Cuando el Gobierno aprobó sacar el Registro Civil de los juzgados, dejó en el aire qué funcionarios asumirían la gestión hasta que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió que serían los registradores mercantiles los que asumieran esa función a pesar de que no tienen nada que ver con ese cometido, con el compromiso de no provocar encarecimiento o coste para los ciudadanos por el uso de este servicio que ahora es gratuito. Sin embargo, los registradores mercantiles exigieron compensaciones que Rafael Catalá, desde que llegó al cargo el pasado septiembre, ha buscado sin éxito cómo satisfacer.

La paralización de la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles supone una nueva rectificación sobre los planes promovidos por su antecesor, ALberto Ruiz-Gallardón, como ha ocurrido con la reforma de la ley del Aborto y con las tasas judiciales, cuya derogación parcial anunició Mariano Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación.

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