Los quipucamayoc, por Francisco Caamaño, ex Ministro de Justicia

Certificar la vida civil de las personas es una forma sublime de poder. Michel Foucault nos diría que "produce realidad", porque es fuente de saber (quiénes, cuántos, dónde...) y un modo de administrar pertenencias fundamentales del sujeto (a la comunidad, a la familia...). Mediante una tarea de apariencia burocrática se decide, nada menos, que la identidad del individuo (derecho al nombre) y la continuidad política del grupo (nacionalidad).

Su relevancia es tal que, en ausencia de lenguaje escrito, los incas idearon un remedio alternativo con el que ejercer esa particular forma de poder: el quipu. A primera vista, el quipu es una cuerda fabricada de cabuya o de lana de vicuñas, huanacos, alpacas y llamas, de la que cuelgan otras más delgadas que, a su vez, presentan nudos y pequeños cordones o cintas de colores que le son atadas. Se sabe que cada nudo, cada cinta y cada color tienen un significado variable según su posición en relación con los demás, y que mediante un complejo sistema de percepciones táctiles y visuales los quipus eran registros, cuyo contenido quedaba reservado a los conocedores de tan singular lenguaje (los quipucamayoc).

EN LOS QUIPUS se registraba información sobre el número, sexo y edad de los habitantes de cada asentamiento, el árbol genealógico de las principales dinastías, los movimientos migratorios, la sucesión de los gobernantes y los sucesos más destacados de la comunidad. Todo el sistema económico y político del imperio --control demográfico y de la producción-- se articulaba sobre el conocimiento que facilitaban esas cuerdas anudadas.

Cada ciudad sometida al Inca tenía un grupo de quipucamayoc encargados de la organización de la población y de los censos de bienes y tributos. Solo ellos interpretaban los nudos y administraban tan valiosa información. En la España del siglo XXI al quipu se le llama libro y se custodia en el Registro Civil. Ni es de lana ni está escrito en ningún lenguaje secreto, aunque presenta algunos nudos de difícil comprensión. Su manejo, dado el poder que comporta, corresponde a funcionarios públicos que sirven los mandatos de la ley.

Una sociedad democrática no puede consentir que herramienta tan poderosa quede en manos de intereses privados o de partido. Que esos funcionarios sean o no judiciales es, en cierto modo, un debate subsidiario, pues, lo principal es que el Registro Civil sea un poder público, una Administración a los efectos de artículo 103.1 de la Constitución.

El sistema de libros, ideado en el XIX, no ofrecía adecuada respuesta a las necesidades del presente. En la sociedad de la comunicación el quipu es un fichero informático con la historia civil de cada ciudadano que se almacena en una base de datos. Desde el año 2004, España ha hecho una fuerte inversión para transformar y modernizar el Registro Civil. De hecho, mediante internet se pueden obtener gratis los certificados que expide el Registro Civil e, incluso, algunos otros muy comunes como el de penales o el de últimas voluntades. Hecha la inversión tecnológica, se aprobó con amplio consenso la vigente ley 20/2011, la del Registro Civil.

El actual Gobierno ha decidido romper aquel consenso y privatizar el Registro Civil, atribuyendo su gestión a un cuerpo de profesionales que desempeñan funciones públicas previo cobro de un arancel: los registradores mercantiles y de la propiedad. La decisión ha desencadenado un razonable sentimiento de indignación democrática. La privatización del Registro Civil es inquietante por la quiebra del consenso político en un asunto de Estado y porque la gestión se atribuye a un colectivo, el de los registradores, cuya configuración es más de pasado que de futuro. Pero lo que resulta peligroso para la democracia es que los registradores asuman esa función para autojustificarse y hacerse imprescindibles en un mundo que ya no requiere de profesionales privados que se hagan cargo de lo público.

Al entregarles el Registro Civil, el Estado les confiere la interpretación del derecho, la llevanza del sistema y la actualización de su soporte tecnológico, de suerte que, con el paso del tiempo, solo ellos conocerán su funcionamiento. Un conocimiento reservado o secuestrado por unos pocos, que recuerda al que tienen los controladores aéreos sobre los sistemas técnicos que administran el tráfico aeroportuario y que los convierte, de facto, en insustituibles.

La privatización del Registro Civil es una operación para perpetuar posiciones privadas de poder bajo el camuflaje de una prestación adicional de servicios públicos. La democracia no necesita quipucamayoc, sino accesibilidad y transparencia. Poder público sin negocio privado.

Francisco Caamaño, Catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia, en El Periódico de Aragón, 21.04.2015

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