IU de Granada presenta una moción para que "el Ayuntamiento defienda el Registro Civil público y gratuito"

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y candidato a la alcaldía por esta formación política, Francisco Puentedura Anllo, junto con los trabajadores de justicia y del Registro Civil de Granada, han presentado una moción para que "el Ayuntamiento de Granada se posicione contra la privatización y desaparición del Registro Civil, medida impuesta por el gobierno de Rajoy en la reforma de la administración de justicia". De este modo, el edil de la formación de izquierdas señala "el riesgo que la ciudad y la provincia de Granada tienen de perder un servicio público y gratuito que tienen los ciudadanos para trámites ineludibles y necesarios como inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones, expedición de certificaciones y otros de indudable importancia que hacen que las oficinas del Registro Civil satisfagan diariamente una alta demanda de servicio público a la ciudadanía".

"La reforma de la Administración de Justicia, impuesta por el Gobierno de España, implica la desaparición de estos registros en los distintos juzgados, tanto provinciales como de paz en los municipios, planteando sólo un registro por comunidad autónoma y previendo el traslado de sus funciones al registro de la propiedad y mercantil. Ello implica que los registradores de la propiedad y mercantiles cobrarán un arancel directo por gestiones que hasta ahora eran directamente gratuitas además de alejar este servicio de muchos municipios pequeños de nuestra provincia", asegura Puentedura, quien además indica que "el coste de estas gestiones administrativas implicará un arancel por encima de los 100 euros por cada trámite, privatizando este servicio y dejando el negocio para hacer caja al registro mercantil y de la propiedad, acabando con este servicio público y beneficiando exclusivamente a un lobby registral del que el mismo presidente del gobierno forma parte como registrador de la propiedad que es".

"En la ciudad de Granada esta privatización pone en riesgo la situación laboral de los 25 funcionarios que componen el registro civil, y que anualmente atienden cerca de 40.000 trámites administrativos, entre certificaciones, fes de vida, capitulaciones matrimoniales, etc que hasta ahora son gratuitos pero que con el cobro de aranceles que pretende imponer la reforma del Gobierno Central implicará un volumen de negocio por encima de los cuatro millones de euros al año que tendrán que pagar los granadinos y granadinas para el registro mercantil y de la propiedad".

Para el candidato de IU a la alcaldía de Granada, "dada la vinculación que este servicio tiene con los servicios públicos que se prestan directamente a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Granada no puede mirar para otro lado y debe exigir en pleno la suspensión de la privatización del Registro Civil de Granada, evitar su desaparición y exigir que se garantice la gratuidad de este servicio público y la continuidad de sus funcionarios".

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