CCOO ACUSA A CATALÁ DE UTILIZAR EL ENGAÑO PARA JUSTIFICAR LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

Tras el éxito de la manifestación celebrada el pasado sábado día 11 de sábado contra la privatización del Registro Civil, el Ministro de Justicia Rafael Catalá, a través de agencias de noticias, sigue intentando desactivar lo que ya es un clamor ciudadano contra dicha privatización afirmando que “el Registro Civil no se va a privatizar y garantizado que este servicio seguirá siendo "gratuito, público y cercano al ciudadano" gracias a la progresiva implantación de medios telemáticos con el apoyo de más de 1.100 oficinas del Registro en toda España”.

CCOO denuncia que, si sigue adelante el Gobierno con su proyecto, SÍ se va a privatizar el Registro Civil: los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no están integrados en la Administración, su personal no son funcionarios públicos, los datos de millones de españoles y de extranjeros que viven en España serán gestionados por personal de ámbito privado y los ingresos, multimillonarios además, de los Registradores proceden de los beneficios derivados del ejercicio de una función pública por la que cobran directamente a los ciudadanos, como cualquier profesional liberal. Si no se va a privatizar el Registro Civil, ¿por qué no deja que sus actuales Secretarios Judiciales y personal de la Administración de Justicia continuar su carrera en el nuevo Registro Civil, aprovechando el conocimiento y experiencia adquirida durante tanto tiempo?.

Para CCOO Catalá miente deliberadamente cuando afirma que los servicios prestados por el Registro Civil van a seguir siendo gratuitos para los ciudadanos en los mismos términos que en la actualidad. Prueba de ello son el proyecto de ley de tramitación de la nacionalidad española por residencia, hoy en trámite en el Senado, que establece expresamente que el Gobierno podrá establecer aranceles para retribuir a los Registradores por todas las actuaciones derivadas de dichos expedientes (tramitación del expediente, jura de nacionalidad, inscripción de nacimiento y nacionalidad). O el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que amplía la competencia en la tramitación de los expedientes a los Notarios, y permite el establecimiento de aranceles para ello. Estos expedientes, que constituyen más del 80 % de expedientes del Registro Civil, hoy son gratuitos y mañana dejarán de serlo. Ejemplo de gratuidad son los 4 millones de euros que el Ministerio de Justicia va a pagar al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, según consta en la encomienda de gestión publicada en el BOE de 7 de abril, o las enmiendas propuestas por el Ministerio de Justicia a un proyecto de Ley en tramitación en el Congreso, consensuadas con el Colegio de Registradores, para el cobro de los libros de familia, manifestaciones sobre vecindad civil, capitulaciones, cambios de nombre, etc, que han aparecido en diversos medios de comunicación.

CCOO denuncia que con la privatización no se cumple con el imprescindible consenso con todos los grupos parlamentarios, que en su inmensa mayoría rechazan la privatización, y con toda la sociedad. Si hubiese consenso no estarían en contra de la privatización todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, salvo el PP y la mayoría de las organizaciones sociales y ciudadanas.

CCOO rechaza que la privatización del registro suponga un modelo más eficiente frente al actual. Si hay deficiencias o demoras en algunos Registros se deben a la falta de dotación de medios personales y materiales, responsabilidad del Ministerio de Justicia. Esta semana, por ejemplo, algunos registros civiles no tenían papel para expedir certificados, y el Ministerio no se lo suministra. Durante meses 150.000 expedientes de nacionalidad iniciados en el año 2014 han estado paralizados en el Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad, hasta que el Ministerio ha suscrito por 4 millones de euros una encomienda para que éstos se hagan cargo de su tramitación, en vez de ampliar el personal del Ministerio de Justicia para su tramitación y resolución, en una solución que habría sido sin duda alguna mucho menos costosa para el erario público.

CCOO denuncia que la privatización del Registro Civil supondrá un servicio mucho más alejado de los ciudadanos. Sólo habrá Registros Civiles en las capitales de provincia y algunas ciudades de más de 100.000 habitantes, desaparecerán más de 8.000 oficinas actuales de Registros Civiles, y las supuestas “1.100 oficinas del Registro”, que serán los Registros de la Propiedad y los juzgados de paz, sólo lo serán para poder presentar a través de ellas las solicitudes, como en cualquier administración o servicio de correos, pero que no prestarán ningún otro servicio como expedición de certificados, tramitación de expedientes o práctica de inscripciones. 

CCOO denuncia la dejación del Ministerio de Justicia en la modernización del Registro Civil. Incluso la Ley 20/2011 establece que el registro civil debe ser completamente electrónico; en gran parte ya lo es, pues desde el año 2001 existe una base de datos común para todas las inscripciones, y que si no se ha avanzado más en la mejora tecnológica del Registro ha sido por la falta de inversión en el Registro Civil desde que el PP está gobernando. Por ejemplo, desde hace 15 años es posible visualizar, pero no imprimir, desde cualquier registro civil informatizado, las inscripciones practicadas en otros registros civiles. Para la mejora tecnológica de los servicios públicos no hace falta su privatización, Sr. Catalá, basta con invertir en los servicios públicos.

CCOO exige al Ministro de Justicia a que paralice la privatización del Registro Civil, y vuelva al consenso. CCOO reclama que el Registro Civil sea de verdad un registro civil público, gratuito, moderno, cercano a los ciudadanos, integrado en las Administraciones públicas y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia, y no el bodrio que pretende imponernos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada