El Gobierno renuncia a modificar el Registro Civil por la presión social

La presión social de la calle. La frontal oposición de sindicatos, operadores jurídicos y partidos políticos en pleno año electoral. En definitiva, la falta de consenso ante la inminente puesta en marcha del nuevo Registro Civil, que entregaba su gestión a los registradores en detrimento de los funcionarios de la administración de Justicia, una decisión que se percibió como una «privatización encubierta» pese a la resistencia léxica del ministro Rafael Catalá, llevó ayer al Gobierno a dar marcha atrás en su plan.

La decisión del Ejecutivo de paralizar la modificación del Registro Civil es de gran calado. Tanto político como material y funcionarial. Hasta el pasado miércoles, el ministro defendió con ahínco su proyecto en el Congreso. Ratificó que el servicio que desde hace 145 años tramita los certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o nacionalidad seguirá siendo «público, gratuito, telemático y mantendrá los puestos de trabajo de los funcionarios que se ocupan de ello», unos 3.500 nada menos.

Con estas palabras y las versiones que llegaban desde Justicia no quedaban dudas: habría cambio y el calendario de implantación para «desjudicializar» el sistema a favor de los registradores, desde el próximo 15 de julio hasta el 1 de enero de 2017, se mantenía inalterable. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué Catalá ha enmendado su plan en menos de 48 horas? ¿Le han obligado a hacerlo? ¿Ha cedido a la presión?

La respuesta a estas cuestiones solo se entiende, en el momento actual, en un contexto político. El Gobierno no quiere generar más conflictos que los que tiene. Ya se vio con la fallida reforma de la ley del aborto y la rectificación de las tasas judiciales. Y abrir otra vía de agua con una reforma judicial sin consenso y con una fuerte oposición sería potencialmente peligroso para sus mellados intereses electorales. De ahí la previsible aparición de los estrategas del presidente Mariano Rajoy para dejar caer en cuestión de horas el proyecto defendido por Catalá, heredado de su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón.

Al final, al ministro no le ha quedado más remedio que recular por una cuestión práctica. Ahora no interesa. Aunque el sorprendente anuncio de ayer, a la salida de un acto en el Tribunal Supremo, fue más moderado, apuntando a la falta de consenso. «El Gobierno no va a proponer un modelo que no sea compartido por el conjunto de los agentes. Lo que el Ejecutivo hará será abrir al diálogo esta reforma, que va a seguir promoviendo hasta encontrar una propuesta compartida. En todo caso no van a estar dialogando sine die», advirtió Catalá.

Buscar alternativas

¿Sus palabras suponen entonces que se retrasa la reforma del Registro Civil o se paraliza?, le cuestionaron. «Vistas las discrepancias con este colectivo y la crítica y oposición importantes de profesionales, sindicatos y partidos no solo nos replanteamos el plazo del 15 de julio, sino incluso el modelo», admitió el ministro, quien avanzó que convocará la próxima semana a las comunidades y a los operadores jurídicos para seguir trabajando en una alternativa.

Políticamente, la paralización de este plan es la primera derrota de Catalá, que en estos seis meses en Justicia había hecho «bandera» del mismo. Y ampliando el horizonte, también supone una enmienda a la totalidad a la agenda que planteó Ruiz-Gallardón. Desde su dimisión en septiembre, el Gobierno ha enterrado de forma radical modificaciones tan polémicas como el aborto o la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Ha suprimido las tasas judiciales a las personas físicas y ha esquilmado el Código Penal o limitado a un cambio parcial la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo borrador fue presentado incluso con otro nombre, Código Penal Procesal. Este fallido proyecto incluía transferir la instrucción penal a los fiscales.

Nada se ha vuelto a saber, tampoco, de otras promesas como recortar drásticamente el número de aforados de 17.621 a 22. Y la Ley de Jurisdicción Voluntaria ha perdido también otra de las propuestas del exministro, que concedió en exclusiva a los notarios la posibilidad de celebrar matrimonios y divorcios. Al final compartirán el cometido con los secretarios judiciales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada