Nuestros datos son su negocio, por Fabián del Río

Hace ya más de un año que últimoCero hizo un recorrido por el proceso de privatización del servicio público del Registro Civil.

La Ley del Registro Civil de 2011 aprobada por todos los partidos quedó en suspenso durante tres años. Nada se hizo en ese tiempo en el que Gallardón llegó a declarar que no se iba a entregar a los registradores. En julio de 2014 el Gobierno aprobó por Real Decreto una prórroga de otro año, siendo ya ministro Catalá, entregando los registros civiles a…por supuesto, a los registradores de la propiedad. A escasos tres meses de su entrada en vigor, el 15 de julio de 2015, el caos es la seña de identidad de una ley que no se sabe cómo y por quien va a gestionarse definitivamente.

Continúan las maniobras oscurantistas entre el ministerio y un grupo de registradores de la propiedad, despreciando las aportaciones de los que defendemos el mantenimiento y mejora de un servicio público que funciona razonablemente bien y sin grandes dispendios.

Se habla de un periodo de más de tres años (hasta el 2018) en el que convivan el modelo público y el privado en el Registro Civil. Esto traería mayor gasto público y un desaguisado en su funcionamiento diario que pagaríamos muy caro.

Ante los inciertos resultados electorales, no se quiere perder la oportunidad de hacerse con el Registro Civil como un buen negocio para unos 900 registradores. El núcleo duro de registradores ha amenazado con la reclamación de indemnizaciones a las futuras fuerzas políticas gobernantes para que no reviertan la ley (web de A.R.B.O. -asociación de registradores Bienvenido Oliver-, del influyente hermano del presidente, Enrique Rajoy).

Este proceso privatizador (escándalo en cualquier país meridianamente democrático), está incardinado en la corrupción sistémica de las altas instancias del estado. La corrupción aparece, como parte integrante del ADN del mismo, en cada letra del proceso. 

La decisión estaba tomada y las distintas instituciones sólo sobreactúan y dan pátina legal.

En el ámbito legislativo se acomoda la ley a cada momento, con su entrega disimulada al lobby registral. La ley es un cúmulo de despropósitos normativos. Colado por la puerta trasera en normas ajenas al Registro Civil y aprobada con la resaca de la abdicación real; siendo coronada con los tintes autoritarios propios del decreto-ley.

En la fase de enmiendas de la ley los parlamentarios del Partido Popular han sido suplantados en sus funciones legislativas por los registradores; siendo éstos los redactores de las enmiendas defendidas, cual bustos parlantes, por los voceros legislativos del Gobierno.

En el poder ejecutivo la cúspide del Gobierno es parte de los intereses de la casta registral. Se ha aprobado una ley familiar, amiga y muy colega del clan Rajoy; dando como resultado la contrarreforma de la ley aprobada unánimemente por todos los partidos en el 2011. El Gobierno ha roto el consenso en un tema esencial del estado de derecho y prefiere aliarse con una élite privilegiada.

En la ley del 2011 se mantenía al Registro Civil en la esfera pública y ahora ha pasado al ámbito privado. Privado porque la Unión Europea sentenció que los registradores no tienen el carácter de funcionarios públicos (sentencia 12 de noviembre de 2009). Y es privado porque la gestión y financiación de los Registros Civiles será privada.

En la esfera judicial no hay contrapoder fiscalizador que investigue, persiga y sancione, al menos, el ejercicio del abuso de poder, tráfico de influencias, trato de favor y malversación de fondos públicos. El despilfarro de un bien público es más que patente, al desperdiciarse la aportación del personal altamente cualificado que lo sirve y los cientos de millones de euros invertidos en la mejora del Registro Civil.

Hasta en el Consejo General del Poder Judicial hay quien vela por la independencia judicial con antecedentes profesionales de antiguo asesor de los registradores de la propiedad.

La corrupción, como antítesis de la verdad, se oculta en el relato oficial con el uso de la propaganda y de la mentira. ¿Motivos para el cambio de gestión? ninguno; ¿intereses de unos cuantos? todos.

Catalá va a hacer bueno a Gallardón, pues ni siquiera sus mentiras tienen alta calidad, son rancias y de muy baja estofa. Cómo puede decir que seguirá siendo público y gratuito, si ha concedido ya 4 millones de euros a los registradores para resolver el atasco de los expedientes de nacionalidad generado por ellos mismos. Creado el problema se proponen como solución. Si es gratuito, por qué se va a cobrar por trámites de nacionalidad a los sefardíes y hasta para casarse habrá que aflojarse el bolsillo. Siguen explorando nuevas vías de ingresos sea con aranceles directos o indirectos; o en último caso, siempre queda que lo paguemos vía impuestos para que así puedan tener beneficios.

Otra gran falacia de Catalá es pregonar la alta calidad profesional de los intocables- registradores como encargados de resolver el atasco de los expedientes de nacionalidad. La terca realidad demuestra que no los han resuelto en el tiempo fijado (se les concedió prórroga) y sus resoluciones están causando graves perjuicios a los inmigrantes, paganos de los que apenas se habla. Son ejemplos del “excelso” trabajo de esta nueva ONG: la pérdida de expedientes; no se respeta el orden de presentación de las solicitudes (hay pendientes del año 2009); denegación de la nacionalidad arbitrariamente (solicitan documentos ya presentados, exigen otros innecesarios, tardan lo indecible en resolver los recursos y hasta piden los movimientos migratorios de bebés...).

El ministro defiende el traspaso del Registro Civil a los registradores basándose en el número de quejas presentadas, pero lo que oculta es que la mayoría de esas quejas van dirigidas contra los registradores de la propiedad por el tema de las nacionalidades (como muy bien relata el informe del defensor del pueblo de 2014).

Quizá el asunto clave y que no se destaca lo suficiente, es el uso de los datos personales por quienes no están obligados por ley a mantener la confidencialidad. Ya ha habido sentencias condenatorias a los registradores por su uso incorrecto. Incapacidades, tutelas, convenios reguladores de divorcios, impugnaciones de paternidad, adopciones, cambios de sexo, etc., todo ello expuesto al uso interesado del mercado.

Nuestros derechos cívicos están en peligro cuando se avistan datos personales que pueden reportar grandes beneficios en el negocio emergente de los datos en la red.

En su momento asistimos al rescate financiero con el esfuerzo de la mayor parte de la población. El resultado de la estafa social fue más desigualdad, mayor pobreza y pérdida de derechos laborales y cívicos. Tras el rescate de los banqueros, ahora es el turno de unos centenares más, los todopoderosos registradores.

Con el ejemplo del expolio de este servicio público se puede concluir que la corrupción está perfectamente instalada en los ámbitos de decisión de la esfera pública y privada. Y por lo tanto no ha pasado a mejor vida, como nos quieren hacer creer.

Fabián del Río Moro es trabajador del Registro Civil de Valladolid, en elultimocero.com, 21.04.2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada