Crecen las protestas por el plan de reforma de los registros civiles



Trabajadores de los registros, sindicatos, plataformas cívicas, usuarios e incluso las empresas funerarias. A ninguno de estos grupos ha convencido la reforma de los registros civiles que tramita el Ministerio de Justicia y que deja los trámites de ese servicio en manos del Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Tanto es así que ayer todos ellos unían sus fuerzas en una manifestación en Madrid convocada por la Plataforma de Funcionarios de Registros Civiles con el objetivo de frenar este proyecto. No es la única medida de protesta. Cada jueves, buena parte de los trabajadores de los registros gallegos visten una camiseta amarilla y hacen un paro para dejar claro su malestar con esta iniciativa. Además, las plataformas en defensa de la Justicia y los sindicatos promueven una recogida de firmas con el objetivo de llegar a presentar una iniciativa legislativa popular (ILP).

De nada han servido los intentos del ministro Rafael Catalá para desactivar las movilizaciones. Esta misma semana insistía en que el Anteproyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el Ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil «no supone una privatización de este» como denuncian sus detractores, puesto que los registradores de la propiedad, que han declinado pronunciarse sobre este asunto, son también funcionarios públicos. El departamento de Catalá asegura además que la reforma «garantiza la gratuidad de todos los servicios» para los ciudadanos y que, pese al cambio en la gestión, se mantendrán los puestos de trabajo de todos los funcionarios, fijos e interinos.

Pese a ello, las críticas contra ese proyecto crecen de intensidad a medida que se aproxima la fecha marcada para la aplicación de la reforma. Esa fecha es el 15 de julio, y aunque hace solo algunos días se hablaba desde el departamento de Xustiza de la Xunta de un posible aplazamiento, los sindicatos aseguran que ese sigue siendo el día de referencia. De hecho, Elena Gamazo, presidenta autonómica de la sección de Justicia del sindicato CSIF, afirma que «las últimas cartas que nos han mandado dicen que se mantiene esa fecha».

Muchos registros civiles, dependiendo de la decisión de su titular, han dejado de dar cita a partir de ese día para las bodas. En los casos en los que siguen dando vez, los encargados del registro advierten a los contrayentes que no pueden garantizarles la fecha ni el lugar, porque«arríscanse a ter todo preparado e non poder celebrar», apunta Enrique Araújo, del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). Las parejas que hayan elegido este verano para casarse y que quieran hacerlo directamente en un registro civil pueden verse afectadas por este proyecto. Pero los más críticos aseguran que los perjuicios se extenderán al conjunto de la ciudadanía.

Uno de los mayores reproches que se le hacen a la iniciativa de Catalá es que va a afectar directamente al bolsillo de los ciudadanos. El ministerio lo niega, pero trabajadores y sindicatos aseguran que el servicio dejará de ser gratuito. En este aspecto, dicen que el Gobierno ha acordado con los registradores de la propiedad la introducción de una serie de enmiendas en el texto legal entre las que figura la obligación de inscribir determinados actos que ahora no se inscriben.

Pero el aumento de la documentación que deben tramitar los ciudadanos en el registro no es el único factor que lleva a los opositores al proyecto a criticarlo. Aseguran que se han pactado precios por determinados trámites y que, aunque posiblemente no se cobre por anotar a los recién nacidos o los fallecimientos, sí se hará cada vez que se vaya a pedir una copia de la partida de nacimiento o de defunción. Eso sin contar, añaden, la compensación que posiblemente recibirán los registradores de las arcas del Estado. En este aspecto, destacan que esta misma semana el BOE publicó una encomienda al Colegio de Registradores de la Propiedad para que resuelva hasta diciembre 150.000 expedientes de nacionalidad. Recibirá por ello cuatro millones de euros. «Os rexistradores van ter máis gastos, porque van ter que contratar xente, oficinas máis grandes,... ¿Alguén pensa que o van facer por nada?», dice el funcionario y sindicalista Enrique Araújo.

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