La privatización del Registro Civil se queda en el limbo

Leticia Pérez-Ical

Después de años de dimes y diretes sobre la desjudicialización del Registro Civil o, lo que los sindicatos de funcionarios y la oposición tildan, simple y llanamente, de privatización, el Gobierno ha decidido paralizar la cesión a los registradores mercantiles y de la propiedad. Así se lo ha comunicado el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, en una notificación interna, a los colegiados, en la que se indica que la 'vacatio legis' continúa y que, por tanto, no tendrán que asumir esa nueva función el 15 de julio, fecha en la que estaba previsto.

Aunque, según declaró el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, el 30 de marzo en una entrevista a El Norte de Castilla, el Gobierno seguía adelante con el encargo a los registradores y garantizaba, por activa y por pasiva, que el servicio iba a seguir siendo público y gratuito, ahora ha dado marcha atrás en la que será la tercera ley estrella de Gallardón que el Ejecutivo de Rajoy desmonta, como ha ocurrido con la aplicación de la ley de tasas y la reforma de la ley del aborto.

En dicho comunicado interno, se alude a que el ministro agradece el trabajo realizado durante todos estos meses por los registradores para asumir esta función -y a quienes considera el colectivo idóneo para asumir esta función- pero se indica que «está complicado que pueda realizarse el 15 de julio» porque ni siquiera está realizado el reglamento para el traspaso.

La privatización del Registro Civil ha suscitado el rechazo de funcionarios, secretarios judiciales y jueces, todos los partidos políticos de la oposición, los sindicatos e incluso parte de los propios registradores. Tras meses de negociar en una comisión mixta con Justicia las condiciones del traspaso, el propio colegio pidió al ministro que retrasase el traspaso del Registro Civil previsto para el próximo 15 de julio. Es la tercera ley estrella de Alberto Ruiz-Gallardón sobre la que el Gobierno da marcha atrás, como ha hecho con la ley de tasas y la del aborto. En principio, según fuentes de los registradores, el Gobierno tendría previsto decretar una tercera prórroga de la 'vacatio legis', es decir, un nuevo período de retraso en la entrada en vigor de la ley, que fue promulgada en 2011.

Tras la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón el pasado septiembre, el nuevo ministro abrió una comisión mixta con el Colegio de Registradores que ha desembocado ahora en la paralización del proyecto. La financiación y la colaboración del resto de Administraciones públicas, principalmente, las comunidades autónomas, han sido los principales escollos. En estos momentos funcionan 8.122 oficinas del Registro Civil en toda España y los registradores mercantiles son apenas un centenar.

Para la decana de los Registradores de Castilla y León, Reyes Gómez de Liaño, el hecho de que se paralice la ley es una mala noticia, no solo por todos los meses de trabajo desarrollado por el colectivo que ahora caen en saco roto, sino porque, sobre todo, «supone una gran pérdida para todo el avance tecnológico del sistema judicial español».

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