Estocada al último proyecto de Gallardón: Catalá aparca la reforma del Registro Civil


Foto: El ministro de Justicia, Rafael Catalá (i), conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón (d), en presencia de Sáenz de Santamaría. (EFE)

Los ideólogos de la privatización del Registro Civil. Falta el jefe, Rajoy.

El ministro de Justicia acaba de tirar por tierra la última reforma 'estrella' planteada por su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, dejando la gestión de éste en entredicho. Rafael Catalá acaba de anunciar que deja aparcada la reforma del Registro Civil una vez que se ha dado cuenta de que el texto no es apoyado por ninguno de los sectores implicados. “Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en llevar a delante una reforma que no tenga los apoyos mínimos necesarios”.

Estaba previsto que se aprobara el anteproyecto el próximo 15 de julio pero Catalá ya ha anunciado que no va a fijar ningún nuevo plazo hasta que se reúna con todos los afectados, como sindicatos, comunidades autónomas, partidos políticos y registradores. El ministro lo ha dejado claro: “Vamos a buscar un modelo que nos satisfaga a todos”.

No sólo se aplaza la reforma sino que se plantea incluso redefinir el modelo, aunque a día de hoy todavía nadie le ha presentado una propuesta distinta. Aunque Catalá ha asegurado que no va a mantener las negociaciones sine die;el tiempo que resta para el final de la legislatura es limitado, teniendo en cuenta la época de vacaciones intermedia.

Catalá ha defendido esta reforma desde que llegó al Ministerio pero se ha encontrado con la falta de consenso entre los distintos sectores y el malestar generado entre los funcionarios de Justicia. La intención de la reforma era que el Registro Civil, controlado por la Administración de Justicia, pasara a manos de los registradores mercantiles y de la Propiedad, que a pesar de ser trabajadores públicos, tras aprobar una oposición, no dependen de la Administración.

Los funcionarios de Justicia han mostrado su malestar porque en el caso de haberse aprobado la reforma, el Registro Civil dejaría de ser competencia de la Administración de Justicia. Los funcionarios no iban a ser despedidos sino reubicados, provocando la reducción de la oferta pública en los tribunales.

Esta decisión anunciada hoy por Catalá deja en evidencia la mala gestión de Ruiz Gallardón, cuyas principales reformas han fracasado. Nada más llegar su sucesor al Ministerio, se anuncó la retirada del proyecto de la ley del aborto y la retirada de las tasas judiciailes, que había provocado una auténtica rebelión tanto en la propia Administración como de los abogados y ciudadanos.

Estas dos leyes habían sido las más polémicas en la época de Gallardón, aunque Catalá también optó por meter la tijera en otras reformas. En la Ley Orgánica del Poder Judicial se optó por retirar la idea de que pudieran instruir tres jueces las causas especialmente complejas. Catalá enterró ese proyecto y anunció uno nuevo que empezará el trámite desde cero, es decir, volviendo a recabar informes. Sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Gallardón elaboró un borrador de Código Penal Procesal en el que se preveía la instrucción por parte de los fiscales pero que nunca llegó a ver la luz.

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