Los trámites del registro civil costarán entre 20 y 300 euros a partir de julio

Tramitar el libro de familia, obtener certificados de defunción o actas matrimoniales dejará de ser gratuito en pocos meses. Según denuncian los tramitadores del Registro Civil, a partir de que se produzca la privatización de este servicio, que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere materializar el próximo 15 de julio, todos estos certificados se obtendrán previo pago. “Un certificado normal, como una fe de vida, costará entre 20 y 30 euros, por cada vez que se solicite; hacer el duplicado del libro de familia, entre 100 y 150 euros; obtener un acta matrimonial, entre 90 y 100 euros; y la inscripción de las comunidades vecinales, por encima de los 300 euros”, advierten estos funcionarios públicos que temen que los planes del ministro de Justicia, Rafael Catalá, vuelvan a poner en jaque el derecho universal de la justicia gratuita.

Basta con acercarse a las oficinas del registro en los juzgados de Donostia para hacerse cargo de las reivindicaciones de sus empleados. Infinidad de carteles reclaman el fin de la privatización del registro, así como el derecho a la justicia gratuita, entre peticiones de perdón por “no encarcelar a tanto político corrupto” e incluso esquelas anunciando la “muerte” del servicio público que el Registro Civil viene ofreciendo desde el año 1871.

Sus trabajadores lamentan que, por el momento, la privatización del servicio ha costado cuatro millones de euros a todos los ciudadanos “solo para que los registradores mercantiles y de la propiedad se hagan cargo de los expedientes de nacionalidad”, y calculan que la informatización de documentos supone otros 128 millones. “Es un servicio que hemos pagado y mantenido con el dinero de todos y que ahora va a ser regalado a una serie de personas que se van a beneficiar de ello”, censuran desde la oficina de Donostia, donde no dudan en calificar de “recaudador” el proceso de privatización al que está siendo sometido el Registro Civil. “No nos podemos olvidar que es un servicio que hasta ahora era gratuito y que va a dejar de serlo. Pero no solo eso. A partir de ahora, hay ciertas actividades que van a pasar a ser de inscripción obligatoria, como las comunidades vecinales o los deslindes de los terrenos de fincas rústicas. Todo eso le va a costar dinero al ciudadano de a pie”, señalan preocupados. Además, aseveran que ciudadanos que vivan en municipios pequeños, donde hasta ahora los Juzgados de Paz se hacían cargo de estos trámites, “tendrán que desplazarse” a la oficina del registrador mercantil de turno.

Por las oficinas de la plaza de Calcuta, en Donostia, pasan al día una media de 120 personas para realizar toda una serie de trámites y obtener diversos certificados, una tarea que, a partir del próximo julio quedará en manos de los registradores mercantiles y de la propiedad y que tendrá su repercusión en el bolsillo de los ciudadanos. “No lo vamos a negar. Una media de 120 personas diarias, con una media de dos o tres certificados por persona es un negocio seguro”, reconocen los tramitadores del Registro de la capital guipuzcoana, que denuncian que “todo ese beneficio se va a repartir a partir de ahora entre 120 registradores”.

CONFLICTO DE INTERESES A juicio de los tramitadores del Registro Civil, existe un “conflicto de intereses” en la voluntad del Ejecutivo de Rajoy de traspasar este servicio público a manos privadas. “No nos podemos olvidar que este interés viene de un señor que se llama Mariano Rajoy, que es presidente del Gobierno, pero también registrador de la propiedad en Santa Pola. Los artículos 4 y 7 de la Ley 5/2006 de Conflicto de Intereses, impiden al presidente del Gobierno, registrador titular de Santa Pola, al ministro de Justicia, por parentesco, y al director general de los Registros tomar decisiones sobre cuestiones registrales”, recuerdan, al tiempo que añaden que “también son registradores el subdirector general y tres asesores jurídicos contratados por la Dirección General para el desarrollo de los proyectos”. Por ello, consideran que es “objetivamente inmoral” que el Gobierno haya acudido a un decreto ley para llevar a cabo este proceso. “El decreto ley es una herramienta legal que se utiliza en los casos extraordinarios y de urgente necesidad. ¿Es este uno de esos casos?”, se preguntan.

A juicio de los tramitadores guipuzcoanos, existen otras alternativas para “hacer que el servicio no sea tan deficitario como el Gobierno dice que es”. En este sentido, apuestan por el cobro de una serie de tasas por la emisión de certificados, “un dinero que luego repercutiría directamente en la sociedad a través de servicios como la justicia gratuita”. Y es que, según lamentan, “actualmente hay muchas personas que no pueden hacer uso de este derecho porque no hay dinero para contratar abogados de oficio”.

Pero además del coste que este proceso tendrá para los ciudadanos, la privatización del Registro Civil pone en jaque a sus trabajadores, ya que muchos perderán sus puestos de trabajo. “Nos dicen que nos van a reubicar, pero es mentira, porque hay trabajadores titulares e interinos. ”A los titulares van a tener que respetarlos porque han logrado su plaza mediante oposición, pero los interinos, que somos la mayoría, nos vamos directamente a la cola del paro”, denuncian.

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