Por un Registro Civil electrónico y gratuito para los ciudadanos, por Carlos Carnicer

La reforma del nuevo Registro Civil electrónico, prevista para el próximo 15 de julio, no está siendo pacífica. La contestación es generalizada, en la calle y en el Parlamento –unanimidad de todos los partidos frente a la reforma -, y las dudas sobre su privatización encubierta y el coste añadido que puede suponer para los ciudadanos, en lugar de disminuir o aclararse, aumentan. Es cierto que este servicio genera gran número de reclamaciones –un alto porcentaje de las quejas de los ciudadanos en materia de Administración de Justicia ante el Defensor del Pueblo son por este concepto- y que su funcionamiento es manifiestamente mejorable si se pusieran los medios técnicos y personales necesarios. En lugar de eso, el Gobierno en aplicación de la Ley 20/2011 del Registro Civil aprobada por todos los grupos parlamentarios y que ordena la desjudicialización del Registro Civil y su entrada en vigor el próximo 15 de julio, tras cuatro años de vacatio legis, ha optado por encargar la llevanza del Registro Civil y de Nacionalidad al Colegio de Registradores, institución que representa a unos profesionales jurídicos que también tienen la condición de funcionarios públicos, registradores de la propiedad y registradores mercantiles, aunque su actividad es privada.

Debemos tener un Registro Civil único para toda España, de carácter electrónico, que sea un registro jurídico dependiente del Estado y no administrativo ni privatizado, y que sea un registro individual de folio personal informatizado único, accesible de forma gratuita para todos los ciudadanos y que mantenga los puestos de trabajo de las personas que actualmente llevan el Registro Civil.

El desarrollo efectivo de un registro electrónico, un servicio público sufragado por los impuestos de todos, debe permitir la agilización segura de los trámites de los expedientes relacionados con el Registro Civil. Tengo que recordar que el de Justicia Gratuita es el único expediente electrónico que funciona en todas las comunidades autónomas y en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia. Diseñado, realizado y gestionado por la Abogacía sin coste alguno para el ciudadano y de forma totalmente segura.

La configuración del Registro Civil como un registro electrónico debe permitir la comunicación de nacimientos y defunciones de forma telemática desde los hospitales, digitalizar los archivos, reducir los plazos de tramitación para inscripciones y cambios de nombres y apellidos. Todo, insisto, sin coste para los ciudadanos.

Tampoco debemos olvidar a las personas que carecen de acceso a los servicios telemáticos por desconocimientos tecnológicos, por falta de recursos o por estar en zonas sin servicios digitales. Para ellos debe mantenerse la infraestructura de oficinas físicas a lo largo de todo el territorio. No caigamos en errores del pasado como cuando en enero de 2014 la Agencia Tributaria exigió que las autoliquidaciones y declaraciones tributarias se presentaran sólo por vía electrónica. Esta discriminación motivó una queja ante el Defensor del Pueblo.

El Gobierno también debe ofrecer garantías y asegurar el mantenimiento del empleo de los funcionarios –tanto interinos como en propiedad- actualmente al cargo de las funciones del Registro Civil. Todos los empleados deben tener garantizada su estabilidad y ubicación laboral en la misma localidad geográfica mediante su reasignación en otros órganos de la Administración de Justicia.

Para alejar cualquier duda de privatización, la titularidad de los asientos del Registro Civil debe ser del Estado, aunque sea gestionado por unos funcionarios públicos, que a la vez son profesionales, los registradores de la propiedad y mercantiles. También debe asegurarse que los recursos ante la calificación en el Registro Civil se mantengan en la jurisdicción civil ordinaria y no en la contencioso-administrativa.

El ministro de Justicia insiste en que “el Registro Civil no se va a privatizar y está garantizado que este servicio seguirá siendo gratuito, público y cercano al ciudadano” gracias a la progresiva implantación de medios telemáticos con el apoyo de más de 1.100 oficinas del registro en toda España. ¿Cuál es el problema? Que nadie se lo cree. La Generalitat de Cataluña, los sindicatos, la Plataforma Justicia para Todos –de la que forma parte el Consejo General de la Abogacía Española-, algunos Colegios de Abogados como el ICAB, asociaciones de abogados, Jueces para la Democracia, la Asociación Progresista de Fiscales han manifestado su oposición y su convencimiento de que el servicio será de peor calidad y que lo que hoy es gratuito lo pagarán los ciudadanos.

Este asunto necesita una reflexión y un debate abierto para que no se vuelva, otra vez, en contra de los ciudadanos. Hay en marcha una recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular (ILP) contra la privatización del Registro Civil para lograr las 500.000 firmas y que la proposición de ley de la ILP se debata en el Congreso de los Diputados y ya se ha reconocido por parte del Gobierno un pago de 4 millones de euros al Colegio de Registradores “por la gestión de expedientes de adquisición de la nacionalidad” que, según determinadas fuentes, antes eran gratuitos.

Es un asunto importante que exige claridad, diálogo y, sobre todo, que los ciudadanos no se vean perjudicados.

Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía de España

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