Asociación de Registradores Francisco de Cárdenas: el Gobierno no va de frente en la reforma del Registro.

El Proyecto de Gobierno de asignación del Registro Civil a los Registradores, carece absolutamente de consenso social y político. La oposición política ya ha anunciado que, si gobierna, derogará la medida; no tiene sentido aprobar esta medida a estas alturas de la legislatura, No es cierto que no haya "privatización"; no hay privatización del servicio, pero si de su gestión y financiación. Serán los usuarios los que acaben pagando por el Registro Civil.

“Los Registradores no queremos el Registro Civil”. Esta declaración, clara, concisa y contundente, es la conclusión que, por aclamación, adoptó el órgano supremo del Colegio de Registradores, la Asamblea General. Esto no obstante, si la decisión política del Gobierno era asignarnos el Registro Civil, la Asamblea concluyó que debía contarse con el mayor consenso social y político y buscarse vías para su financiación.

Tras los cambios en el Ministerio de Justicia y en la Dirección General de los Registros y del Notariado, tras la marcha de Alberto Ruiz Gallardón, el nuevo Ministro manifestó su intención de buscar una solución negociada. Pero la actual propuesta del Gobierno se aparta de todas las premisas básicas para su aceptación por los registradores.

En primer lugar no solo no hay consenso social y político, sino que la oposición es frontal: por parte de todos los grupos políticos que no se creen el argumento de la “gratuidad” y que ya han anunciado su derogación si llegan al Gobierno; y por parte de la totalidad de los operadores jurídicos, incluidos los propios registradores, que entienden que este esquema supondrá un grave perjuicio para el servicio público.

Sin un solo apoyo social o político y a estas alturas de la legislatura, no se entienden las prisas del Gobierno en aprobar la asignación del Registro Civil a los registradores, que es imposible que se haga realidad antes de las siguientes elecciones generales. Según el proyecto gubernamental, la efectividad de la medida no tendrá lugar ¡hasta el 15 Julio de 2018! Entre tanto, se prevé la subsistencia del Registro Civil tradicional, con lo cual ello no generará un euro de ahorro para las Arcas Públicas, desmoronándose uno de los principales argumentos del Gobierno. Dada la falta absoluta de consenso, lo lógico y sensato, sería esperar a la situación política que resulte de las siguientes elecciones y a partir de ahí, diseñar el nuevo sistema del Registro Civil.

Se afirma por el Gobierno que “no hay privatización”, porque los registradores “son funcionarios públicos”. Esto es una verdad a medias. Porque si bien es cierto que los registradsores son funcionarios, no dependen de los Presupuestos Públicos. La gestión y financiación de los registros es íntegramente privada. Por lo tanto, aunque no se privatice el Registro Civil, la privatización de su gestión y financiación, no podría ser negada por nadie

Por ultimo, el Gobierno repite insistentemente que el Registro Civil va a ser gratuito. Pero nada hay gratuito. Y si la Administración no quiere financiarlo con cargo a una partida presupuestaria, tendrán que ser los usuarios los que lo sostengan a través del pago de Aranceles. Se diga lo que se diga. No hay otra alternativa posible en caso de que se asigne el servicio a los registradores.

En definitiva, y aunque el Gobierno lo niegue, serán los usuarios de los registros quienes financien el servicio público. Ya sean los del Registro civil, con lo que el argumento de la gratuidad se esfuma, ya sean los usuarios de los registros de la Propiedad y Mercantil, lo cual, además de injusto y perjudicar al tráfico jurídico y económico, es contrario a la Constitución y a las Directivas Comunitarias que prohíben que los Aranceles registrales se destinen a financiar servicios distintos al acto que los generan.

1 comentario:

  1. Evidentemente ningún servicio –público o no- es gratis. Lo que se planteaba por el anterior ministro era si los registradores ganan lo suficiente para cubrir además ese servicio. Unos cuantos registradores pensaban que sí, que era añadir un valor añadido a una profesión que desde Europa no se entiende con criterios de introducción de más libre competencia en sectores misteriosamente privados de ella y considerados ámbito privado, todo sea dicho con redundancia que redunda.

    Mezclar la gratuidad con el consenso social y político, es lo que de toda la vida de Dios se ha llamado mezclar churras con merinas. El consenso social en la Ley es un interesante medio de justificar la actividad política. Sin duda el anterior gobierno reformó el 135 CE, previo consenso social. Hombre va a ser que no, pero en este ejemplo sí que hubo consenso político, el mismo del que careció el PSOE para reformar la ley del aborto, o el que ha hecho que llevemos años dando tumbos en educación y sanidad en este país. Pero ya estamos acostumbrados a esos vaivenes políticos, y si bien son poco deseados, son parte de nuestra historia, y no sólo de la pasada reciente de esta joven democracia, y quizá por ello nadie salvo los registradores tildan de antidemocráticos a los distintos gobiernos que intentan desarrollar su acción de gobierno con su leal entender. Evidentemente esta reforma en sí, no formaba parte del programa del Gobierno del PP, era algo demasiado concreto, pero sí que formaba parte de la misma adelgazar y modernizar la administración, optimizar recursos, y en este ámbito parece que tiene recorrido esta reforma hecha por un gobierno, que por cierto gobierna con mayoría absoluta, lo cual no parece que tenga a estos niveles ninguna validez democrática ante una asamblea de registradores que aclaman… -Vamos, faltaría más…-.

    Por cierto, leyendo las enmiendas del PP, no cabe duda que la reforma se aplica en 2.015.

    Y por último, queda el espeluznante tema de decir que no va a ser gratuito porque no, aunque lo diga una Ley –qué es eso para una asociación de registradores…- y reafirmar que como deberá pagarse por los registradores, ellos fieles cumplidores de otras partes del ordenamiento jurídico consideran que eso es cruzar ese gasto con el que debe cubrir su arancel. Porque los registradores defienden SU “arancel” que debería destinarse exclusivamente a pagarles a ellos, a su Colegio Profesional, a sus empresas en quiebra, en definitiva a lo que a ellos les permite,n porque así lo dicen, la Constitución y las Directivas Europeas. Sin entrar en juicios éticos en esa actitud, o de ejercicio digno de una función pública, semejante posicionamiento no deja de ser un grave error jurídico impropio de profesionales tan reconocidos, lo cual demuestra que los zapateros deben dedicarse a sus zapatos, ya que parece que ni el derecho constitucional ni el europeo les son familiares. Lo que las directivas europeas dejan cada vez más claro es que el arancel registral y la figura del registrador están en una línea difícil de aceptar por Europa entre lo que es la actividad privada y lo que es lo público. No escandaliza tanto el uso de un arancel para pagar servicios a los que no está asignado, como que el mismo sea el pago a un sujeto privado por el ejercicio de una actividad pública en régimen de monopolio, -escandalizaba que no pagaran IVA con la aquiescencia del TS, pero eso ya pasó-. Algunos registradores intentan asociar alguna sentencia referida a tasas o precios públicos y la prohibición de que su destino final sea cubrir otros gastos distintos de aquellos para los que se crearon, olvidando que su problema es que ellos no cobran una tasa, y viendo su disposición a que se les apliquen éstas y su normativa, y aceptando que nada es gratis en esta vida, a lo mejor llega álguien y les deja contentos convirtiéndoles en funcionarios que cobran del Erario Público y recaudando tasas en sus oficinas. Parece que así, desaparecerán todos sus problemas de repente, pero lo que es seguro es que el Estado encontrará una sorprendente fuente de ingresos.

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