La Junta de Andalucía subraya que era "un grave error" ceder los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles


La Junta de Andalucía ha calificado como "un grave error" la decisión emprendida por el Gobierno de la Nación en 2014 —siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón— de ceder los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles, una "privatización encubierta" en la práctica, e "incompatible con la gratuidad". 

En una nota difundida este sábado por la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba, el Ejecutivo autonómico ha reaccionado así a la decisión del Ministerio de Justicia —actualmente dirigido por Rafael Catalá— de revisar y y no llevar adelante esa cesión. 

Al hilo, la Junta ha remarcado que ya son cinco las enmiendas del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, a "decisiones claves" de su antecesor; en alusión a la ley del aborto, la ley de tasas, la reforma de los partidos judiciales y la reducción de aforados. 

Respecto a la medida de los registros civiles, desde la Junta se subraya que "todos los sectores jurídicos y profesionales del Derecho en España se han manifestado en contra de la referida encomienda", asegurando que los propios registradores habían trasladado al Ministerio que "no podían asumir las funciones del Registro Civil sin cobrar por los asientos e inscripciones de los ciudadanos en el Registro o sin una compensación económica del Gobierno". 

De esta forma, para la Junta, el motivo de esta marcha atrás "puede deberse a que se acercaba inexorablemente la fecha del 15 de julio en que los registros debían pasar a los registradores, y no se había avanzado nada, al ser incompatible la prometida gratuidad con la cesión a los registradores", así como por que los jueces, secretarios judiciales, sindicatos y todas las asociaciones profesionales se habían manifestado "en contra" de la medida. 

Sin embargo, ha insistido en que el Gobierno, no obstante, "no renuncia" a continuar con la reforma del Registro Civil emprendida por el anterior Gobierno socialista, que aprobó "con amplio acuerdo parlamentario" la Ley 20/2011 de 21 de Julio del Registro Civil, que preveía entre otras cuestiones "la desjudicialización de los Registros Civiles, y que estas oficinas públicas dejaran de depender de los juzgados".

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