“Antes que funcionario soy ciudadano”, empleados de Justicia contra la privatización del Registro Civil

Concentración de trabajadores de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria. Foto: Alejandro Ramos

Empleados de los registros civiles de España se han manifestado este sábado en Madrid contra su conversión en negocios privados, con el añadido de una reducción brutal en su número que llevaría a que en la extensa y diseminada Extremadura hubiera solo dos en lugar de 384 como ahora.

Es un proyecto del Ministerio de Justicia, que para el caso maneja palabras como “competitividad” y “reforma administrativa”, que en realidad esconden en opinión de José Antonio Barca, del sector de Justicia en CCOO Extremadura, la cesión gratuita de un claro negocio al gremio al que pertenece el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, registrador de la propiedad.

Esos profesionales, y los registradores de lo mercantil, heredarían toda la gestión oficial del apunte de nacimientos, defunciones, matrimonios, fe de vida, y toda esa imprescindible burocracia existencial que acompaña a la persona desde su primer momento hasta el último en que pasa por la vida.

El proyecto del Ministerio es desprenderse de los registros civiles, cedérselos a los notarios de la propiedad y lo mercantil, pero solo en el caso de las capitales de provincia y ciudades mayores de 100.000 habitantes –a los efectos en Extremadura las ciudades de Badajoz y Cáceres-, porque en el resto de municipios desaparecería el registro que hay en cada uno de ellos, lo que significa pasar de 384 a 2, y éstos últimos además de pago.

Llegan a todas partes

Y es que el registro civil, según explica Barca, es una completa red de recursos públicos que llega a todos los municipios y sirve al ciudadano de forma gratuita; en poblaciones con Juzgado depende de un juez, en el resto son unidades servidas por funcionarios públicos a plena dedicación o parcial, pero al alcance de toda la población en general siempre hay alguien para estos trámites burocráticos vitales.

Los sindicatos de empleados de Justicia llevan la voz cantante en la protesta social, representan en la región a 110 trabajadores titulares o interinos, que en principio serán recolocados en otros órganos de la Justicia, por lo que no perderían derechos ni salario.

Entonces, ¿qué se juegan funcionarios como Barca? “Antes que empledo público soy ciudadano, y si donde vivo cierran el registro civil soy un perjudicado más”, contesta. Fundamentalmente luchan por eso, pero también se reduciría la plantilla de Justicia con lo que también tendrían menos posibilidades de movilidad, ya fuera de ascenso o geográfica.

“Pero en general no es esto solo, quieren ir reduciendo poco a poco el servicio público de Justicia". Existe por ejemplo la idea de que las faltas –lo que no llega a la gravedad de delito- salga del ámbito de los tribunales para pasar al administrativo, “como si fuera una multa de tráfico”, con lo que se perderían a su juicio derechos fundamentales.

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