La ‘autoprivatización’ del Registro civil, por Javier Martínez del Moral

Ayer se celebró una manifestación en Madrid contra la privatización del registro civil. Una marea de camisetas amarillas recorrió el trayecto que une Cibeles y el Ministerio de Justicia. Sindicatos, funcionarios, profesionales del derecho y ciudadanos de todas clases se lanzaron a la calle a defender el mantenimiento de la gestión pública y el control de la plataforma que atesora los datos más sensibles de los ciudadanos, contra la depravada codicia del lobby registral español.

Quizás el ciudadano medio no ha percibido el alcance que tiene esa privatización para asegurar su privacidad e intimidad, dado que los medios de comunicación se han centrado en el morboso asunto del PPelotazo, revelando tanto las irregularidades en el proceso de privatización del contrato de la plataforma tecnológica, sugerente negocio de 300 millones de euros, como poniendo de manifiesto que todas las empresas, asociaciones, fundaciones, comunidades de bienes, etc. van a costear la privatización, mediante un disimulado sistema crematístico de legalización y depósito de la documentación empresarial, que permitirá a los registradores incrementar sus rentas de monopolio anuales en 1.500 millones de euros (el 0.15 del PIB español). Uno de los agraciados es el impulsor de la privatización: el presidente de gobierno, registrador de Santa Pola y miembro del Colegio beneficiario de la privatización.

Pero más allá de la sospecha de que Mariano Rajoy se está fabricando una puerta giratoria de diez millones de euros anuales, resulta mucho más peligroso la constitución de un estado registral, una agencia monopolista que no está sometida a poder efectivo ni control y que trafica con los datos de los ciudadanos sin las más elementales de garantías de privacidad.

La asociación de usuarios de registros demostró ante la Agencia de Protección de Datos, a través de medio centenar de pruebas aleatorias obtenidas de diferentes registros, el absoluto descontrol en el suministro de información. Bastaba alegar como interés legítimo “alcachofas con jamón”, “simple cotilleo”, “interés totalmente espurio” o “proctológico” por cualquier personaje de ficción para obtener esa información. Los registradores fueron sancionados, pero el coladero sigue a día de hoy, dado que el único obstáculo para acceder a esa información es colocar adecuadamente los dieciséis dígitos de la tarjeta de crédito con el que asegurar el cobro.

Pues bien, nuestro ministro de justicia pretende que los ciudadanos asistamos como estatuas al proceso de expulsión de los funcionarios y técnicos del registro civil, para ser sustituidos por el personal laboral contratado por los registradores para desarrollar su empresa de servicios registrales (mercantiles o civiles) normalmente endogámico y, por supuesto, no funcionarial, y aceptemos que la gestión de los datos más sensible de todos los ciudadanos se dejen en manos de personas que no están sujetos a la jerarquía, responsabilidad y sujeción al estatuto funcionarial.

Llama la atención, además, que el Ministro insista en que no se va a privatizar el registro civil y, a su vez, garantice que los funcionarios actualmente adscritos serán reasignados en otros órganos. ¿Y por qué no en el nuevo?

Si no hay privatización de la gestión, los jueces encargados de los registros civiles tienen el derecho de opción por continuar su carrera en el nuevo órgano administrativo, opción que permitiría además conservar y aprovechar la dilatada experiencia de quienes se han encargado hasta la fecha de tales labores. Otro tanto puede decirse de los demás funcionarios y técnicos del Registro Civil que conservan el derecho a permanecer en el nuevo órgano de la administración que se encargue de tal llevanza, siendo altamente eficiente no desaprovechar la ciencia y experiencia de tales funcionarios.

En suma, el Ministro tendrá que explicarnos por qué se prescinde de todos los funcionarios que saben, conocen y llevan los registros civiles si la idea no es privatizar el servicio. Y por qué se les priva ilegalmente y de forma injustificada de sus derechos a continuar en el ejercicio de su función pública en el nuevo órgano de la administración que se encargue de su llevanza. En realidad, lo que está garantizando Català no son los derechos adquiridos y justas expectativas de los funcionarios del registro civil, sino la supresión de los mismos de forma injustificada, irracional y antieconómica, en beneficio del presidente del gobierno, sus hermanos y compañeros.

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