La paralización de la reforma del Registro Civil genera desconfianza. Los trabajadores seguirán movilizándose, tanto en Gipuzkoa como en el resto del Estado

Concentración de trabajadores de la Administración de Justicia en Gipuzkoa, el jueves.

Los trabajadores del Registro Civil guipuzcoano cuestionan la repentina paralización del proceso de privatización de este servicio, anunciada ayer por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. “Visto cómo se están gestionando las políticas, no tenemos ninguna confianza ante este cambio de última hora, cerca de las elecciones”, declaró Bixen Fernández, portavoz de los trabajadores del Registro Civil del Juzgado de Donostia.

El ministro de Justicia comunicó ayer, a la salida del Tribunal Supremo, que el Gobierno va a paralizar la transferencia de las funciones del Registro Civil al cuerpo de registradores y que va a abrir al diálogo con las partes implicadas sobre el modelo de reforma del servicio y los tiempos de aplicación. “El Gobierno no va a tener un proyecto que no sea compartido por el conjunto de los profesionales. Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar”, señaló Catalá.

Asimismo, transmitió al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad que el abandono de este proyecto, que debía ponerse en marcha el 15 de julio, día en el que finaliza la actual ley del registro, está motivado por las “discrepancias” con este colectivo y la “crítica” y “oposición importante” por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos.

A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA Aún así, Bixen Fernández afirmó que “hasta que no esté firmado, no nos lo creemos”. Los trabajadores achacan esta decisión a razones económicas y políticas. “No nos lo creemos cuando dicen que se está luchando por el ciudadano para que mejore el servicio. Al final es engañar a la ciudadanía ante una privatización en toda regla de un servicio que lleva siendo gratuito desde 1871”, defendió.

La decisión del departamento dirigido por Catalá de encomendar a este colectivo el servicio ha levantado duras críticas como esta en los últimos meses. Los partidos de la oposición, funcionarios de la administración de Justicia, sindicatos u otros colectivos como los secretarios judiciales, han expresado su oposición a lo que consideran una “privatización” encubierta.

Por el momento, los registradores guipuzcoanos esperan una respuesta por parte del Gobierno Central, que ha convocado para la próxima semana a las comunidades autónomas, sindicatos y otros representantes del sector de la Justicia “para seguir trabajando en ello”. Por su parte, el portavoz del territorio apuntó que van a “esperar a ver si es solo un atraso, o una anulación de la reforma, porque no se debe permitir dar este paso atrás, ni como trabajador, ni como ciudadano”.

A pesar de la paralización, “a no ser que haya una vuelta de tuerca” tanto en Gipuzkoa, como en el resto del Estado, “tenemos intención de seguir con las concentraciones de este mes”, defendió Fernández. Asimismo, opinó que la presión que están ejerciendo cada día ha surtido efecto. “Estamos sufriendo por el ciudadano, que es quien quiere que se le solucione el problema de nacionalidad, o duplicado y nosotros no somos capaces de darle respuestas”, añadió.

Catalá admitió que “sería absurdo que el Gobierno se empeñara en llevar a cabo una reforma que no cuente con los apoyos necesarios”. Sin embargo, criticó la falta de soluciones alternativas a esta propuesta y dijo que “a fecha de hoy” nadie le ha ofrecido un proyecto distinto al que hasta hora impulsaba su ministerio. No obstante, los trabajadores afirman haber presentado “mil propuestas”. “La más importante es que los secretarios se ofrecieron para hacerse cargo del Registro Civil y que permaneciese en Justicia. Era una forma de intentar mejorar el servicio. Por ahora se siguen ofreciendo para ello, pero no se les ha hecho ningún caso”, expuso Fernández.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada