El PSOE exige en el Parlamento que la Xunta presione para frenar la "privatización" de los registros civiles

Los diputados del grupo socialista en el Parlamento gallego presentaron ayer una proposición no de ley que llevarán ante la Cámara del Hórreo y que tiene como objetivo que la Xunta inste al Gobierno central a retirar la ley que "privatiza" los registros civiles al dejarlos en manos de los registradores mercantiles.

En la comparecencia de los socialistas ayer en la sede de Pontevedra también participó el diputado en el Congreso Guillermo Meijón, quien vaticinó que "por suerte, no va a quedar más remedio de que la ley no entre en vigor por una vacatio legis dado que va a ser imposible llevarla a cabo, lo cual nos alegra a todos".

Tanto para Meijón, como para la diputada socialista en el Parlamento Gallego, Patricia Vilán, esta ley se enmarca en la "política del PP de privatizar todos aquellos servicios públicos que funcionan bien". Vilán acusó a los populares de dar rienda suelta a esta ansia privatizadora hasta el punto de "querer mercantilizar a las personas" al entregar a los registradores mercantiles este servicio. Y es que la ley del Registro Civil indica que se trata del "instrumento para tener conocimiento de la existencia, del estado civil y de la condición de los ciudadanos".

En esta comparecencia también participó la delegada de la Xunta de Personal de los trabajadores de la administración de Justicia en Pontevedra, Lola Filgueira, quien volvió a exponer algunas de las razones por las que se oponen a esta ley. En primer lugar recuerda que los registradores no son funcionarios públicos y que estos profesionales están ya alertando de que no pueden asumir las funciones del Registro Civil sin recibir a cambio financiación. Explica que esta norma esconde "un negocio" para los registradores que ya recibieron 4 millones de euros por la tramitación de los expedientes de nacionalidad, una función que antes realizaban los funcionarios del registro civil.

Como vía para financiar esta "privatización", asegura que se aumentará el número de datos que hay que inscribir en los registros mercantiles o aumentar las tasas de aquellos trámites que ya se realizan ahora ante estos profesionales hasta un 600% en algunos casos.

Por último alertan sobre el hecho de poner en personal laboral que no tiene la obligación de confidencialidad de los funcionarios, datos sensibles que se manejan en los registros civiles sobre incapacidades, parejas de hecho, adopciones, "datos sensibles que creemos que donde están más seguros es en la administración de Justicia".

Es por ello que insisten en solicitar que el Registro Civil siga estando servido por funcionarios judiciales bajo el mandato de un secretario judicial.

Por último, señalan que se acabará con la cercanía que existe actualmente entre los registros civiles y los ciudadanos, dado que solo hay 120 registros mercantiles en toda España, principalmente en capitales de provincia.

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