'Marea amarilla' contra la privatización del Registro Civil

Trabajadores del Registro Civil de Madrid en una de sus protestas...


El próximo 11 de abril está convocada una manifestación en la Plaza de Cibeles, de Madrid, en contra de la privatización de los Registros civiles, una reforma iniciada por el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y asumida por su sucesor en la cartera, Rafael Catalá. La protesta se dirigirá hasta la sede del ministerio de Justicia para impedir que a partir del 15 de julio, fecha en la que se prevé su entrada en vigor, la labor de los registros deje de ser pública y pase a manos de los registradores mercantiles y de la propiedad.

La manifestación, convocada por la Plataforma de Funcionarios de los Registros Civiles y respaldada por la mayoría de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia, pretende dar visibilidad a las intenciones del Gobierno de Rajoy de "privatizar este servicio público esencial en favor de un colectivo privilegiado y convirtiéndolo en un negocio", en palabras de Javier Jordán, portavoz de CSI-F, para los registradores mercantiles y de la propiedad. La citada plataforma surge a iniciativa de los propios trabajadores, unos 3.500 funcionarios repartidos en los 431 registros civiles principales, en el central y en distintos municipios.

Hasta que llegue la manifestación del sábado, los funcionarios del Registro Civil de Madrid han reanudado cada viernes paradas de media hora para protestar por la privatización. Es la marea amarilla de estos funcionarios de la Justicia que han asimilado en su protesta con sus camisetas amarillas con la leyenda "No a la privatización del Registro civil", las formas y maneras de las mareas blanca, la de la Sanidad, y la verde, la de la Educación, contra los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy, al inicio de su legislatura. No es la única medida del ex titular de Justicia, Albero RuizGallardón, que ha sido cuestionada. Se suma a la protesta por las tasas judiciales y por la reforma del aborto.

Jordán considera que los registradores no van a asumir la gobernanza de este servicio público sin contra prestación alguna. "Las cuentas no salen", explica. Estima que ahora se negocia, y cree que de forma "precipitada", entre el colectivo y el ministerio cómo se va a asumir ese coste. "Los registradores no van a soportar el coste de estas tareas", insiste. El portavoz de CSI-F cree que está por ver si se mantiene la gratuidad de este servicio público a los ciudadanos y en caso negativo, este colectivo se verá compensado con una subida de los aranceles que ahora cobran y tendrá más poderes, como se les dio con los temas de residencia y nacionalidad de la población inmigrante.

Critica que se acabe con un servicio, de 144 años de antigüedad, que "se está dando razonablemente bien" y para el que la propia Defensora del Pueblo ha pedido más medios materiales y personales.

Además, alerta del peligro de que la gestión de los Registros en manos de los registradores mercantiles y personal no funcionario suponga una pérdida de la privacidad de los ciudadanos, ya que se crea un "Gran Hermano Registral", con acceso a todos los actos registrales como matrimonios, divorcios, cambio de sexo, etc.

La convocatoria de la manifestación del sábado en Madrid coincide con la publicación en el BOE del acuerdo de encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles por 4 millones de euros para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia, que sufrían retrasos en su tramitación y resolución desde que fuera aprobada la última regularización extraordinaria de inmigrantes en la época de Zapatero.

En opinión de este sindicato, mayoritario en la Administración de Justicia, se trata de "un anticipo del Gobierno a los registradores para privatizar el Registro Civil" y critica que se haya creado ese atasco de expedientes para luego "inventarse la solución al problema".

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