El Ministerio de Justicia convoca de urgencia a las organizaciones sindicales a una mesa sectorial para mañana 9 de abril, para desactivar la protesta de los funcionarios de los Registros Civiles

El Ministerio de Justicia, desde la propia Conferencia Sectorial (reunión de consejeros de justicia y ministro de Justicia), convoca, con menos de 24 horas, mesa sectorial con un único punto en el orden del día: Registro Civil.

La conferencia sectorial sigue reunida en estos momentos, y el ministro, al parecer, da órdenes a los miembros de su equipo para que presenten una propuesta en mesa sobre el empleo en el Registro Civil, con urgencia para desactivar la manifestación del próximo sábado.

En paralelo, el ministro anuncia que remitirá, al parecer, a los funcionarios/as destinados en órganos judiciales con funciones de Registro Civil un escrito en el que comunicará que todo lo que se está diciendo sobre la privatización del Registro Civil, que ya no será gratuito, y que se entrega a los Registradores con amenazas serias sobre el empleo, no son ciertas. Así intentan también quitar fuerza a la movilización del sábado.

La estrategia del miedo del ministro de Justicia parece que ha comenzado. No nos vamos a dejar engañar.

Pero el ministro sabe que entregar a los Registradores mercantiles la gestión del Registro civil, es una privatización en toda regla. Que muchas CCAA no comparten esta privatización, y que muchas otras tampoco asegurarán el empleo en sus ámbitos. No hace falta ir lejos: la Comunidad de Madrid que ha eliminado más de 550 puestos de trabajo de sus plantillas, ¿se va a comprometer a respetar el empleo existente en el Registro Civil, si éste se privatiza? 

No lo van a conseguir.

CCOO mantendrá, junto a los trabajadores y a todas las organizaciones que compartan que la lucha solo puede acabar cuando logremos detener la privatización del Registro Civil, todas las medidas de presión que sean necesarias para lograr ganar esta batalla. Siguiendo con las concentraciones, la manifestación del sábado y la recogida de 500.000 firmas necesarias para acabar con la Ley 18/2014.

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