Catalá asegura que modifica los registros civiles porque son de "baja calidad". El Principado acusa al Gobierno del PP de privatizar el servicio para encarecerlo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, calificó ayer en Salamanca de "solución razonable" y de "desafío" el nuevo Registro Civil, que tendrá un año de "transitoriedad" en cuanto que es un "proceso complejo", que le "preocupa porque genera incertidumbre, como todos los cambios". También aseguró que los actuales registros civiles presentan "deficiencias o demoras" hacia los ciudadanos, un servicio que es de "baja calidad" y que mejorará con la incorporación de los registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Recogida de firmas.
Sin embargo, el Principado exigió ayer una vez más la paralización de este proceso de "privatización del servicio". Según el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, se trata de "una contrarreforma que incrementará el coste y dificultará el acceso a la ciudadanía, sobre todo de las zonas rurales, al arrebatar a los municipios estos organismos". Además, añadió, los datos personales como la edad, los nacimientos y los divorcios, "contenidos en los registros civiles quedan en manos del Registro Mercantil, que no está obligado penalmente como los funcionarios a preservar el deber de secreto y no revelación".

Varios trabajadores del Registro Civil se concentraron ayer, convocados por CCOO, a la entrada de los Juzgados en Oviedo, donde recogieron firmas en protesta por la privatización del Registro Civil y para exigir que se mantengan los puestos de trabajo actuales. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, insistió ayer en que el Gobierno regional defenderá los 96 empleos de los funcionarios que ahora desempeñan su tarea en los registros civiles de Asturias.

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