Bodas y funerales, afectados por la privatización del Registro Civil

Entre 16 y 24 bodas civiles celebra cada mes el juzgado de Primera Instancia Número Dos de Ourense, del que depende la oficina del Registro Civil. El mismo servicio que en un año inscribió 2.499 defunciones solo en la ciudad, según datos de 2014 facilitados por UGT. La entrega de su gestión a los registradores tendrá consecuencias para cónyuges (los últimos enlaces señalados son para mayo y existe temor sobre qué sucederá a partir de julio, cuando se consume la privatización) y también para los deudos. Habrá que pagar aranceles por casarse y algunos funerales podrían retrasarse cuando asuma los trámites el personal no funcionario, que previsiblemente no cubrirá el mismo horario que el registro público (de lunes a sábado) y el juzgado de guardia cuando el primero está cerrado (domingos y festivos). Son las instancias que dan las licencias de enterramiento.

Son algunos de los ejemplos con los que la plataforma contra la privatización del registro trata de movilizar al ciudadano. Ourense ha iniciado la labor a pie de calle mientras sectores afectados se adhieren y colaboran. Los funerarios, que aglutinan a medio centenar de empresas en la provincia, han expresado su apoyo a los funcionarios. La reforma encarecería sus gestiones y, colateralmente, dispararía las pólizas de cobertura que pueden ofrecer a sus clientes.

El pasado 26 de marzo la plataforma y la asociación se reunieron en la sede de la CEO. Los funcionarios agradecen al sector su compromiso de costear dos autobuses para el desplazamiento desde Ourense a la concentración que se celebrará el sábado 11 de abril en Madrid. Los propios afectados del sector funerario prevén llenar un autobús.

Recogida de firmas

El Registro Civil recibe diariamente a un centenar de personas para trámites como inscripciones de nacimientos y muertes, solicitudes de nacionalidad o cambios de datos como el orden de apellidos. En 2012, la oficina de Ourense capital registró más de 15.000 actos. Los usuarios también pueden colaborar con la causa firmando a favor de una Iniciativa Legislatura Popular (ILP) que promueve a nivel estatal el sindicato CC OO. Son necesarios medio millón de apoyos para que el Congreso admita a debate la proposición no de ley.

Además, un grupo de funcionarios del Registro Civil y otras oficinas salieron ayer al exterior del nuevo juzgado para informar, durante una hora, a ciudadanos y operadores jurídicas sobre lo que se avecina si el Gobierno no da marcha atrás a la ley. La reforma entraría en vigor el próximo 15 de julio. En una provincia como Ourense, suprimiría los juzgados de paz, obligando a desplazarse a los vecinos del rural (donde viven dos tercios de la población ourensana) para realizar trámites, además, de pago.

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