La privatización de los registros civiles entra en su recta final . Masiva recogida de firmas para que el Gobierno anule la concesión

A pesar de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguraba hace dos días que el traspaso de la gestión de los registros civiles a manos de los registradores mercantiles y de la propiedad no conllevará la destrucción de empleo, la incertidumbre entre los funcionarios crece a tres meses de que se produzca esa concesión. Más de una treintena de funcionarios de Córdoba están pendientes de ello.

En el Registro Civil de Córdoba (juzgado de Primera Instancia número cinco) prestan servicio once funcionarios de forma exclusiva, más otros siete que circunstancialmente participan en esas labores. Además, en cada partido judicial (hay once en Córdoba) y en trece juzgados de paz hay un funcionario en cada uno de ellos para ese servicio.

Los sindicatos han protagonizado varias movilizaciones y Comisiones Obreras impulsa una iniciativa legislativa popular (ILP) para que el Gobierno de Rajoy dé marcha atrás y el registro siga siendo un servicio público y gratuito. Ahí radica otro de los puntos de fricción, pues de distintas fuentes ha trascendido que los expedientes tendrán un precio a partir de julio.

La Administración central ha invertido en los últimos años 130 millones de euros en la modernización, informatización y digitalización de los registros civiles. En el de Córdoba se han digitalizado más de 2.500 tomos desde el año 2006.

A MADRID El próximo 11 de abril varios sindicatos de funcionarios y trabajadores de la Administración de Justicia han convocado una manifestación estatal en Madrid en defensa de un Registro Civil público y gratuito.

José Carlos Alba, responsable sectorial de CCOO en Córdoba, señala que "después de dos años de movilizaciones el mensaje ha calado en la sociedad", ya que los ciudadanos no entienden que "un servicio público y gratuito se regale a un colectivo al que el Gobierno quiere compensar por la crisis" de la construcción y la consiguiente inscripción de viviendas. Además, subraya que esta concesión va acompañada de "nuevas fórmula jurídicas para cobrar por conceptos que hasta ahora no existían".

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