El personal de los registros civiles convoca una manifestación estatal contra su privatización para el sábado 11 de abril

Las trabajadoras y trabajadores de los registros civiles han convocado una manifestación en Madrid el próximo sábado 11 de abril, que comenzará a las 12 horas en la plaza de Cibeles y recorrerá la Gran Vía hasta el Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo, nº 45. 

Esta convocatoria cuenta con el apoyo de numerosos colectivos, sindicatos y asociaciones profesionales del mundo de la Justicia y que, junto a los trabajadores, formarán la pancarta principal, como la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM), CCOO, CIG, CSIF, FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), Jueces para la Democracia, Plataforma Justicia para Todos, SISEJ, STAJ, UGT, Unión Progresista de Fiscales (UPF), UPSJ, USO, JyP. Además, partidos políticos como PSOE e Izquierda Unida también apoyan esta movilización y ya han confirmado su asistencia a la manifestación.


La marcha se ha convocado dentro de los numerosos actos que desde hace más de dos años se vienen llevando a cabo contra la privatización del Registro Civil, que el Gobierno del PP pone en manos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y por el mantenimiento del Registro Civil como servicio público, gratuito y servido por personal de la Administración de Justicia.

Iniciativa Legislativa Popular

En esta línea, CCOO ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular para llevar al Parlamento una proposición de ley que rechaza la Ley 18/14, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 15 de julio, y que pone en manos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la llevanza de un servicio público, hasta ahora gratuito y servido por personal de la Administración de Justicia. Solo en dos semanas se han recogido miles de firmas entre la ciudadanía.

Para CCOO, es necesario detener la privatización del Registro Civil, que es público desde 1871, porque supone una pérdida de más de 8.000 oficinas de este servicio público. Se pasaría de más de 8.120 oficinas que hay en la actualidad en España, a tan solo poco más de 100. Los ciudadanos y ciudadanas dejarán de poder acudir a un Registro Civil en el municipio en el que viven.

El Registro Civil es un servicio público que afecta a más de un millón de personas anualmente, solo en trámites obligatorios como nacimientos, defunciones y matrimonios. Si se privatiza, habrá que pagar por muchos trámites hoy gratuitos y serán obligatorios y de pago otros que hasta el momento no lo son.

Además pone en riesgo más de 5.100 empleos de la Administración de Justicia para favorecer a los registradores, que no son funcionarios públicos, tal y como establece la Unión Europea mediante sentencia.

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