El Ministerio de Justicia, tras el ridículo de ayer, trata de crear confusión con la difusión en el Registro Civil Central de enmiendas al Proyecto de Ley de Registro Civil en trámite en el Congreso

Más ridículo y más de lo mismo. Tras amagar el Ministerio de Justicia en notificarnos personal y obligatoriamente no sabemos qué a los funcionarios destinados en los Registros Civiles, ayer una Secretaria Judicial destinada en el Registro Civil Central entregó a sus funcionarios un documento llamado "ENMIENDAS CORA EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL RESUMEN DE LÍNEAS GENERALES" , y que está circulando por todos los centros de trabajo, donde se supone que se recogen las líneas maestras de lo que va a ser la privatización del Registro Civil, que el Gobierno de Rajoy y Catalá quiere introducir por vía de enmienda al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, en tramitación en el Congreso de los Diputados. Este proyecto de Ley se limitaba, en un principio, a regular el registro de nacimientos y defunciones desde los hospitales, y el PP, Rajoy y Catalá quieren utilizarlo para modificar sustancialmente la Ley de Registro Civil, aprobada por consenso en el año 2011. 

Ignoramos a qué se debe la entrega de dicho documento, del que adjuntamos enlace por si alguien no lo conoce todavía. La entrega de este documento, que según hemos podido conocer se ha entregado por indicación de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sin embargo como podéis comprobar carece de cualquier tipo de identificación (sin sellos, sin logos, sin firma ..... tan sólo aparece el fax del Registro Central), solo pretende crear más incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras destinado en los Registros Civiles y frenar la movilización impulsada por las y los trabajadores de los registros civiles y apoyada, además de por CCOO y la mayoría de las organizaciones sindicales con representación en la Administración de Justicia de todo el Estado, por diferentes organizaciones sociales y ciudadanas, organizaciones profesionales del ámbito de la Administración de Justicia así como la Plataforma Justicia para Todos.

Este documento pudiera corresponderse con algún borrador de enmiendas de la Ley Cora de reforma de las administraciones públicas que, en relación con la la Administración de Justicia , entre otras cuestiones, incluía el impulso de las subastas electrónicas,la implantación del expediente judicial, la planificación conjunta en el ámbito de las tecnologías para garantizar la compatibilidad e interoperatividad de los distintos sistemas de gestión procesal, la gestión de la jubilación del personal de la Administración de Justicia, la tramitación electrónica de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios......... cuestiones que tienen su desarrollo o se desarrollarán en diferentes leyes. Como hemos dicho la tramitación electrónica de nacimientos y defunciones desde los centros hospitalarios se regularía con el "proyecto de ley de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil” que, como sabéis por las distintas hojas que hemos remitido, se encuentra en en fase de plazo de presentación de enmiendas desde el 10/09/2014, plazo que se está prorrogando desde entonces porque el Gobierno está intentando utilizar este proyecto para modificar la Ley 20/2011 del RC y materializar la privatización del RC.

Pero no deja de ser un documento de trabajo, que el Ministerio de Justicia remite para intentar desmovilizar y desmoralizar, y que se suma al desconcierto al que nos ha acostumbrado Catalá, que está haciendo bueno a Gallardón, que ya es decir. 

Pero ni este documento, ni las enmiendas que al final el PP vaya a presentar en el Congreso nos van a desalentar ni a parar, porque nuestra causa es justa, y constituye una perversión de la democracia que un servicio público como es el Registro Civil quiera ser privatizado, por la puerta de atrás, con la oposición de todos los partidos políticos salvo el PP, rompiendo el consenso alcanzado en la Ley 20/2011, para privilegiar a un grupo profesional al que pertenece el Presidente del Gobierno. 

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