Sobre la privatización de la gestión de los registros civiles, por Ramón Alvaré Malvar

Ramón Alvaré Malvar es el Secretario General del Sector de la Administración de Justicia de CCOO, y ha escrito un artículo titulado Sobre la privatización de la gestión de los Registros Civiles que aparece publicado en el periódico digital Nueva Tribuna de 14 de febrero, del que colgamos enlace y transcribimos a continuación:

"El proyecto de Gallardón es una privatización encubierta de un servicio público esencial, como es el registral. No basta con que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España sean funcionarios públicos, porque funcionan en régimen de negocio privado, haciendo propios los beneficios derivados de su función pública (¿cuánto dinero ganaron durante el boom inmobiliario?) en vez de repercutir dichos beneficios en toda la ciudadanía. CCOO rechaza que cualquier funcionario público pueda hacer negocio con el registro y tráfico de los datos personales de la ciudadanía.


Las afirmaciones del Ministerio de Justicia sobre que los trámites ante el Registro Civil seguirán siendo gratuitos, no son ciertas. Pero tampoco bastaría si verdaderamente fuera así. Pues en ese caso el coste del funcionamiento del Registro Civil o bien sería sufragado por medio de otros aranceles que ya cobran los Registradores por otros servicios, pagando con ello los ciudadanos servicios que no solicitan, o por vía Presupuestos Generales del Estado, financiando todos los españoles una actividad pública ejercida como negocio privado. Si se ha de financiar con el dinero de todos los españoles, ¿qué sentido tiene desposeer a la Administración de Justicia y sus funcionarios públicos de la llevanza de los Registros Civiles?

Entendemos que todos los responsables y los empleados y empleadas de los registros públicos de titularidad estatal deben ser funcionarios públicos, que acceden a sus puestos de trabajo conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad establecidos en la Constitución Española y que sus retribuciones sean públicas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y reguladas al Estatuto Básico del Empleado Público.

En mi opinión hay que exigir que el registro y la publicidad de los datos personales de todos la ciudadanía, muchos de ellos especialmente protegidos por la Ley de protección de datos, que sean objeto del registro civil, sean gestionados exclusivamente por funcionarios públicos, lo que no sucedería en los Registros de la Propiedad. Por tanto, el ministro Gallardón y el Gobierno con esa decisión consideramos que, además, estaría vulnerando dicha ley.

Esta función de los registros civiles la hemos desarrollado de forma eficaz los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia. Las quejas que se han producido sobre el funcionamiento de determinados servicios registrales (retrasos en expedientes de nacionalidad, etc), son debidas esencialmente a la falta de medios y de personal de quien es su máximo responsable, el Ministerio de Justicia. Pero lo que está fuera de toda duda es la profesionalidad, la capacidad, la dedicación y el esfuerzo con que los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia hemos y seguimos llevando a cabo nuestro trabajo en los Registros Civiles. La solución a sus problemas no pasa por privatizar un servicio público esencial, sino en facilitarnos los medios personales y materiales para su correcto funcionamiento."

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