La Asociación +Ciudadanía ha manifestado su rechazo al proceso iniciado por el Ministerio de Justicia que concluirá con la “entrega” del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad -94 en la provincia de Albacete-.
En opinión de la asociación este hecho propiciará, “al contrario de lo manifestado por el Gobierno de España, en una verdadera, innecesaria y perjudicial privatización”, puesto que dicho Registro pasará de ser gestionado por la Administración Pública a ser administrado por un colectivo que “tiene la doble condición de profesional y funcionario” y obtiene una retribución económica no incluida en los Presupuestos Generales del Estado, cuya cuantía depende de las inscripciones que realicen y de los certificados que expidan.
En opinión de la asociación este hecho propiciará, “al contrario de lo manifestado por el Gobierno de España, en una verdadera, innecesaria y perjudicial privatización”, puesto que dicho Registro pasará de ser gestionado por la Administración Pública a ser administrado por un colectivo que “tiene la doble condición de profesional y funcionario” y obtiene una retribución económica no incluida en los Presupuestos Generales del Estado, cuya cuantía depende de las inscripciones que realicen y de los certificados que expidan.
Según +Ciudadanía, “estamos asistiendo a un proceso acelerado de privatización de los servicios públicos”, que en su opinión deriva en el deterioro en la calidad de su prestación, “con el falso argumento de la reducción del déficit”, puesto que las inversiones públicas necesarias para implementar el nuevo modelo ya se han realizado y su puesta en marcha no genera necesidades de empleo público, ya que las plazas de encargado del Registro Civil se cubrirían, como ha venido ocurriendo hasta ahora, mediante concursos públicos entre funcionarios con formación específica.
Este colectivo advierte que el Registro Civil está ya informatizado y digitalizado, y que ambos procesos han supuesto una enorme inversión pública, planificada y desarrollada por el Ministerio de Justicia en virtud de un programa de modernización financiado por el Ministerio de Industria -Programa “Registro civil en línea” dentro del Plan Avanza-. A ello habría que añadir, tal y como aseguran, las inversiones realizadas por las Comunidades Autónomas en infraestructuras, en virtud de sus propias competencias. Al parecer, el Registro Civil ha mejorado considerablemente su funcionamiento gracias a dichas inversiones, y “al esfuerzo y compromiso de todos los funcionarios adscritos a la institución”, tanto en la formación específica en nuevas tecnologías, como en general en la prestación del servicio, por lo que, en opinión de esta asociación hellinera, la ciudadanía debería defender la continuidad de un servicio público que, iniciado el 1 de enero de 1871, es necesario para cualquier ciudadano pues se acude a él para registrar bodas, nacimientos y fallecimientos, nacionalizaciones, pero también la fe de vida que necesitan obtener, varias veces al año, las personas que cobran pensiones del extranjero, y todo eso, a partir de ahora, “habrá que pagarlo”.
+Ciudadanía, ha manifestado que aunque la normativa vigente consagra el principio de gratuidad del Registro Civil, en la reforma propuesta por el ministro Gallardón “no se incluye ninguna referencia a lo que cobrarán los registradores por practicar las inscripciones o por emitir certificaciones”. Añaden que, en diversas intervenciones ante los medios de comunicación, distintos responsables del Ministerio de Justicia han afirmado unas veces que serán gratuitas las inscripciones de nacimiento o defunción, otras que lo serán las inscripciones obligatorias, y en otras ocasiones que lo serán las certificaciones. “Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto va a costarles las inscripciones de nacimiento de sus hijos, las de defunción o cuánto tendrán que pagar al notario y al registrador por la boda”. Pero sobre todo, los ciudadanos tienen derecho a saber “por qué tendrán que pagar un coste, de entre 10 a 40 euros, por lo que hasta ahora era un servicio gratuito prestado por el Estado”, concluyen.
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