Alrededor de cien trabajadores de los Registros Civiles de la provincia tienen en el aire su puesto de trabajo si prospera la propuesta del Ministerio de Justicia de dejar el servicio en manos del Colegio de Registradores, según denunció ayer Fabricio Gómez, representante sindical de CSI-CSIF.
Por este motivo, ayer se celebró una concentración a las puertas de los juzgados de Sáez de Miera, para exigir al Gobierno y a su ministro de Justicia que reconsidere la decisión que está en puertas de adoptar.
«Los registros civiles son públicos y gratuitos actualmente, con la cercanía y la gratuidad que se exige. De no hacerlo así, se ponen en riesgo 3.500 puestos de trabajo en España, un centenar de ellos en León. Y esto se está haciendo con ocultismo y con un secretismo que no se corresponde con la Ley de Transparencia», manifestó Fabricio Gómez.
León se vería afectado por la reordenación de cien personas que perderían su puesto o se verían obligadas a moverse. «La pérdida de puestos de trabajo implica que los interinos se queden sin trabajo y vayan al paro. Y luego también habría concursos internos en los que no se podría optar a esos puestos de trabajo.
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