Pasaremos por el registro, por Miguel Angel Aguilar

Nuestra Carta Magna dice en su artículo 1º que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. La crisis económica y otras oxidaciones varias han degradado la vigencia de tan solemne declaración. Pero, al mismo tiempo, como escribió Antonio Machado en Campos de Castilla, “al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido”. Y han aparecido otros brotes merced a la acción de intereses muy determinados. Uno de ellos permite que podamos hablar de España como de un Estado registral. Todos pasaremos por el registro.

Últimos viajeros llegados del ministerio de Justicia señalan que, tras la reunión mantenida por el titular del departamento, Alberto Ruiz-Gallardón, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha confirmado la entrega del registro civil al Colegio Nacional de Registradores. Resaltemos que es cuestión muy distinta y por completo ajena que Mariano Rajoy, conserve a su nombre la plaza del registro de Santa Pola y que tenga dos hermanos registradores. Los detalles de la entrega de las llaves del registro civil, correrán por cuenta del ministro antes citado, sin que pueda tampoco aducirse que su cuñado y su nuera sean del mismo cuerpo. Convengamos, de una vez para siempre, que nadie es responsable de las oposiciones que ganen en buena lid sus parientes, más aún si obtuvieron plaza cuando el político emparentado estaba fuera de todo cargo. Las últimas precisiones del traspaso serán aportadas por el Director General de los Registros, quien resulta ser también registrador, pero esa condición para nada alterará el exquisito equilibrio del que el titular ha dado prueba en el ejercicio de su función.

El Decano de los registradores, en carta circular a sus colegiados, ha anunciado la buena nueva, sin necesidad de explicar por obvio cómo el presidente, su ministro y el director general, sortean la aplicación de la Ley de Conflicto de intereses que les prohíbe adoptar decisiones sobre asuntos en los que puedan tener un interés personal o familiar. Sí ha trascendido que en manos del colectivo registral quedará la gestión, el diseño, el desarrollo tecnológico y la explotación comercial del registro privatizado, lo que nos permite diferenciar dos fases independientes. Primera, el coste de la plataforma tecnológica, que no saldrá a concurso público quedando su contratación en manos del colectivo registral, aunque será el ciudadano el que la pague. Segunda, la explotación comercial por la inscripción y por el acceso a la información. Las pretensiones son alcanzar una facturación anual de 150 millones de euros. Continuará.

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