Asturias rechaza la "privatización" de los registros civiles

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Guillermo Martínez, ha mostrado este miércoles el rechazo de Asturias a iniciativas del Ejecutivo central que representan un "deterioro" de la administración judicial como servicio público. En concreto se ha referido a "la desaparición de los juzgados de paz y la privatización de los registros civiles". 

El titular de Presidencia ha hecho estas declaraciones en el marco de una visita al Juzgado de Paz de Aller, en Cabañaquinta, en el que estuvo acompañado por el director General de Justicia y Seguridad, José Luis Villaverde Amieva. 

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, Martínez ha mostrado su rechazo a la nueva Ley de Reforma Integral de los Registros, que encomienda su gestión a los registradores de la propiedad, a los que otorga plena capacidad en aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica. 

El Consejero de Presidencia lo ha calificado de "contrarreforma", al tratarse de "una verdadera privatización" de los registros civiles y por tanto causar "graves perjuicios" en un servicio público que beneficia a todos los ciudadanos. 


Guillermo Martínez señaló que entre las principales consecuencias de la nueva ley que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se encuentra la desaparición de 96 puestos de trabajo públicos de los registros civiles o la dificultad de acceso para la ciudadanía. 

"Con la entrega a los registradores de la propiedad los trámites se harían únicamente en aquellos núcleos urbanos que dispongan de registros de la propiedad, 16 en toda Asturias", ha añadido. Además, considera que los usuarios sufrirían un incremento de gastos, además de ver amenazado su derecho a la intimidad. 

Por otro lado, el Consejero de Presidencia defendió la pervivencia de los Juzgados de Paz, dado que "son los órganos encargados de prestaciones judiciales en los municipios de menos de 7.000 habitantes y de los que se benefician un total de 227.030 asturianos". 

Guillermo Martínez precisó que si se eliminan "se estará propiciando desigualdades entre los ciudadanos que residen en áreas menos pobladas y rurales". En Asturias existen 60 juzgados de paz, distribuidos de la siguiente manera: 36 para municipios de menos de 7.000 habitantes, 7 para concejos de más de 7.000 habitantes y 17 agrupaciones de juzgados de paz. 

Los Juzgados de Paz están radicados en los municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y son atendidos por jueces que no pertenecen a la carrera judicial, pero son elegidos por mayoría absoluta por los ayuntamiento y nombrados por el Tribunal Superior de Justicia para un periodo de 4 años. Entre sus competencias están reclamaciones civiles inferiores a 90 euros; actas de conciliación de cualquier cuantía; algunas faltas tipificadas en el Código Penal, así como las funciones delegadas del Registro Civil, como la tramitación del expediente de matrimonio, inscripciones del nacimiento, matrimonios y defunciones.

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