JpD censura que Gallardón entregue a los registradores el Registro Civil

Ante las informaciones de que el ministro Gallardón va a entregar la gestión de los registros civiles al cuerpo de Registradores de la Propiedad, Jueces para la Democracia (JpD) recuerda que "dicho servicio público en la actualidad ofrece sus prestaciones a la ciudadanía de forma gratuita y a través del necesario control institucional, propio de la naturaleza de estas actuaciones". Sin embargo, "el proyecto del Gobierno pretende privatizar los registros civiles y apartarlos del control público imprescindible en toda una serie de trámites que afectan de manera muy relevante a la vida de las personas".

En los borradores anteriores se indicaba con claridad que los Registradores de la Propiedad cobrarían aranceles por toda una serie de certificaciones de inscripciones y actos. Ahora el Ministerio de Justicia asegura que con la privatización se mantendrá la gratuitad de las prestaciones habituales de los registros civiles. Así, para JpD, "tendría que aclararse necesariamente cuáles son las prestaciones por las que se tendrá que pagar, pues resulta inverosímil que el cuerpo de Registradores de la Propiedad asuma la gestión privada de estos registros sin importantes contraprestaciones económicas".

"Resulta contradictorio que, con los impuestos de la ciudadanía, se hayan invertido 128 millones de euros en la modernización, informatización y digilitalización de los registros civiles y que ahora el Gobierno aproveche esta mejora para asignarla a la gestión privada, con efectos lucrativos para sus gestores. Todo ello implicará un gravamen económico para la ciudadanía y solo reportará beneficios a un determinado colectivo profesional", asegura la asociación de jueces en un comunicado.

Por otro lado, "debe advertirse de los riesgos de que los datos personales más relevantes de todas las personas, desde las inscripciones de nacimiento a las de defunción, pasando por toda una serie de actos fundamentales, dejen de estar bajo el control de la administración pública. Con esta reforma pasarán a la gestión de intereses privados, con todos los peligros que ello puede conllevar para la privacidad de las personas".

Además, JpD asegura que resulta "incomprensible" que la Ley de Registro Civil fuese aprobada en 2011, con el consenso de las fuerzas políticas de que continuase siendo un servicio público, y que "se opte ahora de manera injustificada por su privatización". Ello "nos llevará a un sistema sin equivalentes en el ámbito europeo. Se beneficiará el negocio privado de un colectivo profesional hacia el cual el poder político ha demostrado su proximidad. Pero esta reforma se hará en perjuicio de los intereses generales del conjunto de la sociedad".

El Economista, 17.02.2014

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