Doscientos trabajadores del juzgado marchan contra la ´privatización´ del Registro Civil

La reacción a la carta interna que el Colegio de Registradores emitió la semana pasada para informar a sus afiliados de que el Gobierno les asigna la gestión del Registro Civil no se ha hecho esperar. Doscientos funcionarios, trabajadores y abogados de los juzgados vigueses salieron ayer a la calle para mostrar su oposición a la "privatización encubierta" de este servicio, que "repercutirá directamente en el bolsillo de la ciudadanía" y afectará a medio centenar de puestos de trabajo en la comarca viguesa. La próxima semana inician una campaña de recogida de firmas.

Al son de las gaitas y coreando consignas como "Este ministro, vende el registro" o "El público es servicio; el privado, beneficio", los manifestantes partieron de los juzgados y rodearon el edificio de Hacienda cortando el tráfico, ante el respeto de los conductores. Representantes del BNG y Anova apoyaron con su presencia la marcha convocada por CCOO y CIG.

De confirmarse esta reforma , el Registro Civil se "desjudicializaría" para entregar su gestión a los registradores de la propiedad. Las dos centrales advierten de que supondría una "privatización de facto" ya que los ciudadanos tendrán que pagar por la expedición de certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o nacionalidad, en función de los aranceles pertinentes, que calculan entre 10 y 30 euros. "Con este servicio les están entregando un verdadero maná a los registradores, porque el Registro lleva 1.300.000 trámites al año", subraya Pablo Valeiras (CCOO). Si es necesario cobrar para mantener el servicio, se preguntan por qué no lo hace directamente Justicia.

Los sindicatos alertan, además, que podría incidir negativamente en la protección de datos de los ciudadanos. Sostienen que, "aunque los titulares de los registros tienen condición de funcionarios públicos, no sucede lo mismo con el personal que tienen contratado" por lo que "no están sujetos al régimen de independencia y confidencialidad de la función pública". José Barreiro (CIG), añade que el cambio es "inexplicable" porque "no introduce ninguna mejora" y considera que los registradores no están formados para estos trámites civiles.

También advierten de que supondrá la desaparición de los juzgados de Paz y, con ellos, de la Justicia de cercanía, ya que estos trámites suponen el 80% de su actividad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada