Los secretarios judiciales y los registradores, en pugna por el Registro Civil

Una carta remitida por el decano de los Registradores de España a los colegiados ha puesto la mecha al malestar que desde hace meses se estaba fraguando en las oficinas de los registros civiles. Los secretarios judiciales, con el respaldo del grueso de los funcionarios de Justicia, se han puesto en pie de guerra para evitar que el Ministerio los ponga en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles. Consideran que ello supone «la privatización de un servicio público hasta ahora gratuito para los ciudadanos», pone en riesgo la privacidad de los datos personales y deja en suspenso unos 3.500 puestos de trabajo en el conjunto de partidos judiciales.

Los secretarios reivindican su experiencia y conocimiento para quedarse con ellos y reclaman a Alberto Ruiz-Gallardón que dote de medios personales y materiales suficientes para descongestionar los registros civiles y que ese atasco no siga siendo «la excusa» para justificar su «privatización». Los registradores, por su parte, recuerdan que también son funcionarios públicos y están preparados para asumir la gestión «como ya hemos demostrado al dar salida a los miles de expedientes de nacionalidad», afirman desde el Decanato.

En la comunicación interna firmada por Gonzalo Aguilera con fecha del pasado 12 de febrero, el decano informó a los colegiados que «la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el registro civil a los registradores» con «plena capacidad auto-organizativa del Colegio en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil, dentro del respeto a la Ley de 2011». Dicha Ley del Registro Civil está en ‘vacatio legis’ hasta el próximo mes de julio y el Ministerio aún no ha desarrollado ni el Reglamento para aplicarla.

También refiere el decano Aguilera que la noticia le fue comunicada el lunes 10 de febrero y al día siguiente mantuvo la primera reunión con tres técnicos del Ministerio «para iniciar las negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia que tendremos los registradores».

La respuesta de los sindicatos no se ha hecho esperar. Tanto CSI-F, sindicato mayoritario de Justicia, como el resto de los que integran la Plataforma de Justicia (UGT, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO y STAJ, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, cuyos representantes mantuvieron ayer en el Congreso una reunión con el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, han comenazado a dar la batalla con nuevas concentraciones que han comenzado hoy en las capitales de provincia. En Valladolid la protesta se ha desarrollado, en medio de pitidos, de 11:30 a 12:00 horas, a la puerta de los juzgados de Angustias. El objetivo es evitar que «la privatización» del Registro Civil llegue al Consejo de Ministros. La Plataforma no se fía de las palabras del secretario general de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, quien les manifestó a propósito de la carta del decano de los registradores que «aún no hay ninguna decisión tomada». De hecho, ya ha iniciado contactos con todos los operadores judiciales y conlos grupos parlamentarios.

Municipios

Incluso, como ha anunciado CSI-F, para «detener in extremis la privatización» se va a promover la oposición de los alcaldes en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) bajo el argumento de que « puede dejar a los ciudadanos de los municipios más pequeños sin servicio de registro que se presta desde los juzgados de paz».

LAS OPINIONES

Reyes Gómez de Liaño, decana de los Registradores de Castilla y León

Los registradores «como funcionarios públicos que somos estamos a disposición del Ministerio de Justicia, pero la delegación de funciones tiene que venir acompañada de financiación», señaló la decana de los Registradores de Castilla y León, Reyes Gómez de Liaño. La registradora vallisoletana, que desde el pasado 11 de febrero ha renovado por otros cuatro años su función como representante del colectivo en la comunidad, subrayó que «desde luego, si alguien está preparado y tiene infraestructura para asumir los registros civiles somos nosotros, pero no podemos perder dinero: no hay que olvidar que tenemos plantillas a nuestro cargo».

Julio Villarrubia, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia del Congreso

El portavoz del PSOE en materia de Justicia, Julio Villarrubia, ha solicitado la comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del decano del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera, para que expliquen en la Comisión de Justicia del Congreso la «privatización» del Registro Civil, que calificó de «atropello» a los derechos de los ciudadanos que ven como «unos pocos» tratan de hacer «negocio». Villarrubia anunció que el PSOE no descarta promover una «ofensiva» municipal como la orquestada por los partidos judiciales.

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