Comunicado del SISEJ (Sindicato de Secretarios Judiciales) ante la posible entrega del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles


Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) creemos oportuno realizar las siguientes manifestaciones públicas, ante las informaciones difundidas desde el Colegio de Registradores sobre un acuerdo con el Ministerio de Justicia, conforme al cual los Registradores de la Propiedad y Mercantiles asumirán el Registro Civil.

1º El Sindicato de Secretarios Judiciales no ha recibido comunicación alguna del Ministerio de Justicia sobre los planes del ejecutivo para el Registro Civil. A lo largo del pasado año 2013, y en la última reunión en Madrid celebrada el 9 de enero con asistencia del Ministro de Justicia, se nos comunicó que el gabinete de Alberto Ruiz-Gallardón mantendría con toda probabilidad el carácter de servicio público del Registro Civil atribuyéndolo a los Secretarios Judiciales como encargados del mismo, poniendo en valor la capacidad de nuestro colectivo para ello.

Exigimos, por esta razón al Ministerio de Justicia que se pronuncie de inmediato sobre su programa para el Registro Civil, informando tanto al colectivo de Secretarios Judiciales, como a la ciudadanía para la que gobierna.

2º Para el SISEJ, el Registro Civil, hasta ahora considerado un servicio público, debe seguir siéndolo. En el caso de permanecer en el ámbito de la administración de justicia, los Secretarios Judiciales constituimos un Cuerpo superior jurídico con formación equivalente a la de todos los demás Cuerpos superiores, y por tanto capacitado para dirigir las oficinas de un Registro Civil público, universal y gratuito.

3º En caso de ser ciertas las informaciones sobre el pacto para entregar el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, estaremos ante una privatización de un servicio público.

Así, el Registro Civil, hasta ahora prestado por empleados públicos estables, de modo gratuito y universal, pasaría a ser asumido por personal no público contratado y dirigido por un colectivo, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, cuyo estatus corporativo es muy distinto del resto de empleados públicos, al percibir sus ingresos no mediante salario fijo, sino en función del volumen de negocio o inscripciones. No atenúa la gravedad de la situación el hecho de que se prometa "la gratuidad para los ciudadanos" del nuevo Registro Civil, dada la volatilidad de las promesas de este Ministerio de Justicia, y la falta de contemplaciones exhibida, por ejemplo, con las tasas judiciales y su declarada finalidad disuasoria hacia la ciudadanía.

Consideramos intolerable que el Registro sea objeto de "pública subasta" y privatización encubierta, tras casi año y medio de indeterminación y de opacidad sobre un futuro que fue acordado por unanimidad de los grupos parlamentarios en el año 2011.

En cualquier caso, de confirmarse estas informaciones desde el SISEJ iniciaremos los contactos correspondientes con el resto de organizaciones del ámbito de la justicia para iniciar movilizaciones conjuntas.

Esperamos noticias del Ministerio de Justicia.

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