¡ Firma contra la privatización del Registro Civil !

Recordamos que el año pasado se inició una campaña de recogida de firmas, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para la ciudadanía, contra la privatización del Registro Civil, campaña que también está en la plataforma charge.org. La campaña, promovida inicialmente por CCOO, es de la plataforma sindical de las organizaciones sindicales con representación en la Administración de Justicia. 

Se puede firmar en este blog cliqueando en la columna derecha, dentro del logo amarillo No a la privatización del Registro Civil.

Consideramos importante activar de nuevo esta campaña, sobre todo de cara a la ciudadanía, por lo que invitamos a todos a difundir la campaña a través de correos electrónicos, Facebook, Twitter y demás redes sociales.

El contenido de la carta para la que recogemos firmas, dirigido al Ministro de Justicia, es el siguiente:

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN. MINISTRO DE JUSTICIA

Actualmente, existen en España 431 Registros civiles principales, junto a más de 7.000 juzgados de paz con competencias en materia de Registro civil que quieren ser privatizados por el Ministro de Justicia. Esta reforma conlleva la supresión de 3.500 puestos de trabajo en la Administración de Justicia y la reordenación de miles de funcionarios titulares.

La privatización del Registro civil se basa en un presupuesto falso que justifica la misma como la única alternativa posible a los problemas del Registro civil. El problema del Registro civil es el abandono continuado de los sucesivos gobiernos que no lo han dotado de personal suficiente y medios materiales modernos.

Esta privatización se produce después de haberse realizado recientemente un importante esfuerzo económico para modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles, con una inversión de unos 128 millones de euros", de dinero público que que "ahora se aprovechará" para una gestión privada.

Por otro lado, con esta privatización se reducirá el número de registros civiles a uno por provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Y elimina el Registro civil central. Así, la privatización del Registro civil supone el alejamiento efectivo de este servicio de su principal usuario: el ciudadano, en contra de lo dispuesto en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia y del sentido común.

Además los ciudadanos nos vamos a ver obligados a pagar por doble vía: por los aranceles que van a gravar a algunas inscripciones y actos del Registro civil, y por impuestos, ya que hasta ahora todo ello era "gratuito" para los ciudadanos, por una sencilla razón: PORQUE YA LO HABÍAMOS PAGADO VÍA IMPUESTOS. A esto se une que el Ministerio ya anunciado un incremento de actos inscribibles y de aranceles en los Registros de la propiedad lo que indirectamente supone un sobrecoste para los ciudadanos.

Por último, los datos relativos al estado civil de las personas deben ser recogidos de modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales. Ahora estos datos están protegidos por el deber de sigilo de los funcionarios sobre cuestiones relacionadas con su trabajo. La privatización supone que los datos van a ser tratados por personas ajenas a la condición de funcionarios públicos. Esto beneficia, tanto a los interesados como al Estado y a los terceros. Por tanto, esta privatización va a perjudicar a la mayoría de la población.

Los abajo firmantes, personal de la Administración de Justicia, profesionales y ciudadanos, ante la inminente decisión del Gobierno de España de entregar a los registradores de la propiedad y mercantiles los registros civiles y con esa decisión, eliminar más de 3.500 empleos de la Administración de Justicia y convertir un derecho de los ciudadanos de acceso a un servicio público universal y gratuito en uno con coste, manifestamos y exigimos al Ministro de Justicia:

1.- El Gobierno debe retirar su proyecto de privatizar los Registros Civiles y dar marcha atrás en su decisión de entregarlos a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, porque esa decisión supone que serán los ciudadanos los que deberán sufragar el coste de un servicio que además de indispensable para la ciudadanía debe mantener su actual estado de servicio público, universal y gratuito.

2.- Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tienen la preparación, la experiencia y la capacidad para sostener el Registro civil sin necesidad de privatizarlo. El Ministerio de Justicia debe aceptar expresamente que los Registros Civiles mantendrán su condición de servicio público y que en los mismos continuarán prestando servicios el personal de la Administración de Justicia dotándolos de los medios personales y materiales necesarios.

3.- En todo caso, el Gobierno debe asegurar, y por escrito en la Ley de los Registros civiles, todos los puestos de trabajo, tanto del personal titular como personal interino, destinado en los mismos, únicos o compartidos y Juzgados de Paz, de toda España. Debe comprometerse a que no habrá amortización de plantilla de la Administración de Justicia en su conjunto. Y garantizar a los miles de trabajadores que se encuentran destinados en ellos que mantendrán sus retribuciones actuales, sus derechos y no se procederá a realizar reordenaciones mediante procedimientos de movilidad geográfica forzosa.

4-. El Gobierno debe comprometerse a que en los Registros Civiles no se producirá ninguna modificación respecto a la situación actual, manteniéndose que todos los actos relativos a la situación de las personas seguirán sin suponer ningún coste para la ciudadanía.

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