Recordamos que el año pasado se inició una campaña de recogida de firmas, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para la ciudadanía, contra la privatización del Registro Civil, campaña que también está en la plataforma charge.org. La campaña, promovida inicialmente por CCOO, es de la plataforma sindical de las organizaciones sindicales con representación en la Administración de Justicia.
Se puede firmar en este blog cliqueando en la columna derecha, dentro del logo amarillo No a la privatización del Registro Civil.
El contenido de la carta para la que recogemos firmas, dirigido al Ministro de Justicia, es el siguiente:
ALBERTO RUIZ GALLARDÓN. MINISTRO DE JUSTICIA
Actualmente, existen en España 431
Registros civiles principales, junto a más de 7.000 juzgados de paz con
competencias en materia de Registro civil que quieren ser privatizados por el
Ministro de Justicia. Esta reforma conlleva la supresión de 3.500 puestos de
trabajo en la Administración de Justicia y la reordenación de miles de
funcionarios titulares.
La privatización del Registro civil
se basa en un presupuesto falso que justifica la misma como la única alternativa
posible a los problemas del Registro civil. El problema del Registro civil es
el abandono continuado de los sucesivos gobiernos que no lo han dotado de
personal suficiente y medios materiales modernos.
Esta privatización se produce
después de haberse realizado recientemente un importante esfuerzo económico
para modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles, con una
inversión de unos 128 millones de euros", de dinero público que que
"ahora se aprovechará" para una gestión privada.
Por otro lado, con esta
privatización se reducirá el número de registros civiles a uno por provincia,
una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Y
elimina el Registro civil central. Así, la privatización del Registro civil supone
el alejamiento efectivo de este servicio de su principal usuario: el ciudadano,
en contra de lo dispuesto en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la
Justicia y del sentido común.
Además los ciudadanos nos vamos a
ver obligados a pagar por doble vía: por los aranceles que van a gravar a
algunas inscripciones y actos del Registro civil, y por impuestos, ya que hasta
ahora todo ello era "gratuito" para los ciudadanos, por una sencilla
razón: PORQUE YA LO HABÍAMOS PAGADO VÍA IMPUESTOS. A esto se une que el
Ministerio ya anunciado un incremento de actos inscribibles y de aranceles en
los Registros de la propiedad lo que indirectamente supone un sobrecoste para
los ciudadanos.
Por último, los datos relativos al
estado civil de las personas deben ser recogidos de modo fidedigno y
custodiados en archivos oficiales. Ahora estos datos están protegidos por el
deber de sigilo de los funcionarios sobre cuestiones relacionadas con su
trabajo. La privatización supone que los datos van a ser tratados por personas ajenas
a la condición de funcionarios públicos. Esto beneficia, tanto a los interesados como
al Estado y a los terceros. Por tanto, esta privatización va a perjudicar a la
mayoría de la población.
Los abajo firmantes, personal de la Administración de Justicia,
profesionales y ciudadanos, ante la inminente decisión del Gobierno de España de
entregar a los registradores de la propiedad y mercantiles los registros
civiles y con esa decisión, eliminar más de 3.500 empleos de la Administración
de Justicia y convertir un derecho de los ciudadanos de acceso a un servicio
público universal y gratuito en uno con coste, manifestamos y exigimos al
Ministro de Justicia:
1.- El Gobierno debe retirar su proyecto de privatizar los
Registros Civiles y dar marcha atrás en su decisión de entregarlos a los
Registradores de la Propiedad y Mercantiles, porque esa decisión supone que
serán los ciudadanos los que deberán sufragar el coste de un servicio que
además de indispensable para la ciudadanía debe mantener su actual estado de
servicio público, universal y gratuito.
2.- Los
funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tienen
la preparación, la experiencia y la capacidad para sostener el Registro civil
sin necesidad de privatizarlo. El
Ministerio de Justicia debe aceptar expresamente que los Registros Civiles
mantendrán su condición de servicio público y que en los mismos continuarán
prestando servicios el personal de la Administración de Justicia dotándolos de
los medios personales y materiales necesarios.
3.- En todo caso, el Gobierno debe
asegurar, y por escrito en la Ley de los Registros civiles, todos los puestos
de trabajo, tanto del personal titular como personal interino, destinado en los
mismos, únicos o compartidos y Juzgados de Paz, de toda España. Debe
comprometerse a que no habrá amortización de plantilla de la Administración de
Justicia en su conjunto. Y garantizar a los
miles de trabajadores que se encuentran destinados en ellos que mantendrán sus
retribuciones actuales, sus derechos y no se procederá a realizar
reordenaciones mediante procedimientos de movilidad geográfica forzosa.
4-. El Gobierno debe comprometerse a que en los Registros Civiles no se
producirá ninguna modificación respecto a la situación actual, manteniéndose
que todos los actos relativos a la situación de las personas seguirán sin
suponer ningún coste para la ciudadanía.
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