El jurista Fernando de Silva alertó en ELPLURAL.COM de que mientras el Gobierno pone el foco en la reforma del aborto está llevando a cabo por la puerta de atrás una jugada de gran calado: una reforma del Registro Civil que pondrá éste en manos de los registradores de propiedad y por el que se pagará por trámites hasta ahora gratuitos. “Rajoy se prepara un retiro lucrativo y Gallardón está rodeado en su familia de registradores”, alertaba De Silva.
Llamazares interroga al Gobierno sobre la jugada
La alarmante reforma ha llegado al Congreso a través del portavoz parlamentario de Justicia de IU, Gaspar Llamazares, quien ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que explique sus maniobras para dejar la gestión del Registro Civil en manos del Colegio de Registradores de la Propiedad, con el consiguiente traspaso de funciones.
¿Cuándo se ha decidido?
El parlamentario de IU detalla en la iniciativa que en una circular remitida el 12 de febrero a todos los registradores de España por el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera Anegón, el Ministerio de Justicia comunicó dos días antes que había adoptado la “decisión definitiva de asignar a los Registradores de la Propiedad la llevanza del Registro Civil”. A partir de ahí, Llamazares interpela al Ejecutivo de Mariano Rajoy -a la sazón registrador de la propiedad en excedencia- acerca de “en qué fecha y en qué disposición oficial ha acordado el Gobierno la asignación de la llevanza del Registro Civil al Colegio de Registradores de la Propiedad”.
El Estado paga la plataforma tecnológica
De hecho, Llamazares quiere saber “por qué el Gobierno negocia previamente con el Colegio de Registradores de la Propiedad todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia”. Advierte asimismo del “agravante de que el coste de la plataforma tecnológica del registro no saldrá a concurso público, aunque sea el Estado quien la pague”.
Los registradores participando directamente en el diseño
Avisa el diputado de que podríamos encontrarnos “ante un presunto delito de tráfico de influencias que podría interesar a la Fiscalía”. Además, advierte de que el Gobierno podría estar excediéndose “en la cesión de competencias que le son propias, al negociar con el Colegio de Registradores no sólo las condiciones de seguridad, sino el diseño del registro electrónico e, incluso, los aspectos relativos a una nueva demarcación registral, que requerirían nada menos que el acuerdo del Colegio”.
Conforme a dicha notificación por parte del Ministerio de Justicia, ya se habrían iniciado las conversaciones en la sede del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, con la celebración de la primera reunión del decano de los registradores “con el subsecretario, secretaria general técnica y director general, para iniciar las conversaciones y negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia”.
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