Tras una nueva reunión conseguida por CCOO, se ha cerrado el tercero de los contactos con los diferentes grupos Parlamentarios para trasladarles nuestra radical oposición a la privatización de los Registros Civiles y su entrega a manos privadas para lucro y beneficio del Presidente del Gobierno y su familia, además de familiares del Ministro Gallardón y de personal técnico del propio Ministerio.
CCOO ha solicitado al grupo socialista su implicación en las movilizaciones del conjunto de la ciudadanía para la defensa de este servicio público y que incorpore la Administración de Justicia (junto a la enseñanza, sanidad y dependencia) a su discurso en defensa de lo público y, en concreto, un pronunciamiento claro en referencia a los registros civiles.
Junto a su oposición a la privatización del servicio CCOO ha planteado su preocupación por el alejamiento que supone para los ciudadanos el cierre de los Registros Civiles en las pequeñas poblaciones que llevaría aparejada la propuesta del gobierno, además de una más que segura supresión de la gratuidad de los actos y certificaciones.
Como aspecto fundamental, CCOO ha mostrado nuestra extrema preocupación por la pérdida de 3500 puestos de trabajo en la administración de justicia que conllevaría el proyecto de Gallardón.
Por parte de los representantes del PSOE se han comprometido a mostrarse contundentes en su actividad parlamentaria contra la privatización de los registros civiles a través de preguntas parlamentarias y peticiones de comparecencia que hagan aclarar al Gobierno los intereses que les han llevado a tomar este inaceptable proyecto de entrega de un servicio público a manos privadas, asumiendo también el problema que le hemos planteado que genera que trabajadores del ámbito privado accedan a datos de carácter personal, como los contenidos en el registro civil, sin estar sometidos a las exigencias de confidencialidad y secreto que tenemos los empleados públicos.
Los parlamentarios socialistas se han comprometido a instar al Decano de los Registradores a no asumir la competencia porque, en caso de que el gobierno actual perdiera la mayoría, el PSOE propondría dar marcha atrás en esta privatización.
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