Las Cortes de Aragón han rechazado este jueves "cualquier reforma integral" de los registros civiles que conlleve la privatización, que no atribuya las competencias y la gestión "exclusivamente" a funcionarios públicos y que no garantice la gratuidad y la accesibilidad en todos los municipios de la Comunidad Autónoma.
En sesión plenaria ordinaria, la cámara ha aprobado el texto resultante de la transacción de sendas proposiciones no de ley del PSOE y CHA, así como una enmienda de modificación del Grupo del PP a la iniciativa socialista.
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha defendido su proposición no de ley, con la que ha propuesto rechazar el anteproyecto de ley dereforma integral de los registros elaborado por el Ministerio de Justicia por suponer la privatización "de un servicio público eficaz", porque si se lleva a cabo será costeado por la ciudadanía mediante el pago de aranceles y porque conllevaría la desaparición de las sedes del registro civil en los municipios.
Soro ha enmarcado esta reforma en la "fiebre privatizadora" del PP, resaltando que las sedes de los registros civiles se ubicarán, con la reforma, en el tres por ciento de los municipios, donde hay registradores, por cuanto no podrían realizarse trámites en los juzgados de paz y los ayuntamientos.
Ha recordado que en 2011 ya se aprobó una Ley --pendiente de entrar en vigor-- en las Cortes Generales para acometer la digitalización de los actuales registros civiles y que incluía una fórmula para garantizar el trabajo de los empleados de estos entes, señalando además que la llevanza de los registros recaería en los secretarios judiciales u otros funcionarios del grupo A y que serían gratuitos.
"Ahora nos enteramos de que Ruiz Gallardón ha decidido dárselo a los registradores" de la propiedad, que --según el anteproyecto-- sufragarán íntegramente el coste de la actividad cobrando aranceles a los usuarios. Se ha preguntado "qué pasará" con los 3.500 funcionarios que actualmente trabajan en estos entes.
Modernizar los registros
El diputado del PSOE, Carlos Tomás, ha emplazado al Gobierno autónomo a manifestar su oposición al anteproyecto "y a cualquier fórmula que conlleve la privatización" de los registros civiles y su reducción.
Asimismo, Tomás ha considerado necesario "reordenar" los registros civiles, adaptarlos a los tiempos actuales, modernizarlos y "buscando soluciones en beneficio de los ciudadanos".
La parlamentaria popular, Mar Vaquero, ha defendido su enmienda, en la que el PP ha propuesto que en la reforma se atribuyan las competencias de los registros civiles a funcionarios públicos, que segarantice la gratuidad y se mejore la accesibilidad en la Comunidad Autónoma.
Vaquero ha negado que exista el anteproyecto, sino que el Gobierno trabaja con un "documento interno sujeto a modificaciones,cualquier tipo de crítica y aportaciones". El objetivo es que el registro civil sea "más cercano, ágil, moderno" y ha rechazado que se cobren aranceles, ha agregado.
El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha traído a colación una circular enviada por el Ministerio de Justicia al Colegio Oficial de Registradores en la que se comunica la decisión de asignar a este colectivo la llevanza del registro civil, lo que es "una nueva escalada hacia el desmontaje de lo público" y una "llamada a cercenar el acceso gratuito" a este servicio público.
El parlamentario del PAR, Joaquín Peribáñez, ha dicho que la Administración de Justicia "necesita una actualización" y ha apoyado la extensión de los servicios telemáticos. Ha considerado que la entrada en vigor del anteproyecto "trastocaría la realidad de esta sociedad", llamando la atención sobre la repercusión en el medio rural.
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