CCOO, CSIF, STAJ y UGT acuerdan establecer un frente común contra la decisión de Gallardón

En la mañana de ayer en reunión celebrada por los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ y UGT se acordó establecer un frente común contra la decisión de Gallardón, así como las siguientes medidas:

· Mantener las concentraciones que desde hace más de un mes viene convocando CCOO en solitario todos los jueves ante los registros civiles, a la que se incorporarán a partir de ahora los demás sindicatos.

· Preparar un calendario de acciones de la máxima contundencia sin descartar ninguna medida de presión para parar esta privatización: manifestaciones, actos de protesta en dónde comparezca el ministro Gallardón, impulsar el apoyo de la sociedad con actos de información a la ciudadanía.

· Dirigirse a la Federación Española de Municipios y Provincias buscando acordar con los alcaldes de los ayuntamientos una estrategia común para impedir la privatización de los registros civiles. 

· Hacer llegar al Colegio de Registradores que deben rechazar la gestión de los registros civiles porque la privatización rompería el consenso social, parlamentario y de los trabajadores y trabajadoras, que se ha mantenido con la actual gestión pública y gratuita durante años.

· Impulsar todos los contactos con las organizaciones ciudadanas, con las organizaciones de consumidores y usuarios, con todos los colectivos de la Administración de Justicia que rechazan dicha privatización, y especialmente con la Plataforma Justicia para todos. 

· Exigir al ministro de Justicia, como viene haciendo CCOO de manera continua durante los últimos meses, que retire la decisión de privatizar los registros civiles.

Las cuatro organizaciones sindicales reclaman a Gallardón que dé la cara ante los trabajadores y trabajadoras y ante la ciudadanía, que convoque una reunión urgente y al máximo nivel con las organizaciones sindicales mayoritarias, para que aclare los motivos que ha llevado al gobierno a adoptar la decisión de entregar los registros civiles a los registradores, que explique cómo pretende financiar esa privatización con cargo a los ciudadanos, que deje de mentir y explique sus aseveraciones de que asegura el mantenimiento de los 3.500 puestos de trabajo de los registros civiles, también en el ámbito gestionado por las CCAA con competencias asumidas, y cómo va a garantizar la privacidad de los datos registrales especialmente protegidos sin incumplir la ley orgánica de protección de datos. 

Además, le exigen al ministro de Justicia que dé las explicaciones convincentes a la ciudadanía sobre los conflictos de intereses existentes entre la decisión de la privatización de los registros y su entrega a un colectivo, como el de los registradores, al que pertenecen no solo el Director General de los Registros y del Notariado, sino también el Presidente del Gobierno, dos de sus hermanos, y el cuñado y la nuera del ministro Gallardón.

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