UGT critica la paulatina privatización de algunos servicios de la Justicia

La UGT ha denunciado hoy "la paulatina" privatización de algunos de los servicios que presta la Administración de Justicia y que ha comenzado con las prestaciones del Registro Civil.

La responsable federal del sector de la Administración de Justicia de la UGT, Victoria Carrero, ha indicado en una rueda de prensa que ya se ha dado un primer paso en la privatización del Registro Civil con las tasas por los expedientes de nacionalidad que cobrarán los registradores de la propiedad y los notarios.

Victoria Carrero ha asegurado que, aunque la privatización del Registro no se llevará a cabo hasta el 2017, el cobro de estas tasas ya es un primer indicio y ha informado de que la prueba de idioma que han de pasar los extranjeros que pidan la nacionalidad española costará 30 euros.

También ha recordado que el pasado 1 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria que, después de su tramitación parlamentaria, propiciará que los registradores de la propiedad y mercantiles se ocuparán de los expedientes registrales.

También los notarios se ocuparán de los expedientes relativos a la de herederos cuando no haya testamento y de los testamentos ológrafos, es decir manuscritos, y los otorgados verbalmente, así como de enlaces matrimoniales, separaciones y divorcios.

Para evitar su implantación completa, según ha asegurado Victoria Carrero, la UGT ya iniciado contactos con los grupos parlamentarios del PSOE y de IU, cuyos representantes han garantizado a este sindicado que se opondrán en la tramitación parlamentaria y que, de ser aprobada, será derogada en el caso de alcanzar una mayoría en las próximas elecciones generales.

La representante de la UGT ha criticado que los recursos de la Administración de Justicia son "escasos" y que el 25 por ciento de sus trabajadores son interinos, algunos de ellos con una antigüedad superior a los 20 años.

Carrero ha anunciado que los sindicatos ya han reclamado al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que negocie la convocatoria de concursos-oposición para los empleados de la Administración de Justicia, en la que se tardan alrededor de tres años en cubrir las plazas vacantes por jubilación.

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