CCOO acusa de Rajoy, máximo responsable de la decisión de entregar el Registro Civil a los Registradores Mercantiles, de pretender pasar por legal lo que podría constituir un clamoroso caso de corrupción

Tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy , el exministro Gallardón y el ya exdirector general de los registros, CCOO se ha dirigido por escrito al presidente del Gobierno y le exige que dé marcha atrás a la privatización del Registro Civil. En la carta, de la que se adjunta enlace, CCOO expresa a Rajoy su indignación por la decisión, y le acusa de estar detrás de la misma. 

Para CCOO, la decisión del Gobierno sería en todas las democracias y Estados de Derecho del mundo, un insulto a la ciudadanía, una falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, y una actuación que podría constituir un clamoroso caso de corrupción.

CCOO ha puesto de manifiesto a Rajoy: 

- Los Registros Civiles han sido servidos por personal funcionario de la Administración de Justicia desde hace más de 140 años, ha sido y es un servicio público, universal y gratuito que ha prestado una tarea fundamental en todo este largo tiempo para los millones de personas que han tenido y tienen que acudir al mismo. 

- Los registradores no son funcionarios públicos, así lo determinan taxativamente las sentencias del Tribunal de Justicia europeo y dichas sentencias son de obligado cumplimiento para el Gobierno español, a menos que se pretenda también incumplir las sentencias de la UE. 

- Los datos privados de los ciudadanos y ciudadanas ya no estarán a salvo, pues estarán en manos de empresas privadas 

- El Registro Civil dejará de ser gratuito. Más pronto que tarde. 

- La decisión de privatizar el Registro Civil es rechazada por toda la sociedad: grupos parlamentarios, excepto el PP, organizaciones sociales y sindicales, colectivos jurídicos, jueces, secretarios judiciales….. 

- El dictamen del Consejo de Estado tira por tierra la decisión del Gobierno de crear la corporación de Derecho Público para gestionar el registro civil electrónico. 

Para CCOO, la decisión conculca los más elementales principios éticos: si el presidente del gobierno, familiares directos suyos y del exministro Gallardón, el ya exdirector general de los registros y del notariado y su equipo son registradores, ¿qué democracia consolidada aguantaría decisiones como ésta, que entrega un servicio público a la profesión de la que esos altos cargos forman parte? 

Señor presidente del Gobierno: con todos estos datos, ¿es o no corrupción la decisión de privatizar los Registros Civiles? 

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