El Sisej, ante la creación por el Gobierno de las Oficinas del Registro Civil y Mercantil

Con la publicación oficial y entrada en vigor simultánea de la Ley 18/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y eficiencia, el Gobierno de Mariano Rajoy atribuye el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, pasando a llamarse Oficinas del Registro Civil y Mercantil, a las que impone, además, la adaptación a las demarcaciones territoriales de los Registros Mercantiles.

El Gobierno consuma así su segunda medida de esta legislatura tendente a la privatización del Registro Civil, tras la prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 hasta julio de 2015.

Desde el Ministerio de Justicia, tanto por el titular anterior, como por el actual, se ha tratado de justificar públicamente esta medida alegando que “no se trata de una privatización” y que el colectivo al que se encomienda tiene condición de “funcionarios públicos” que simplemente tiene un “régimen retributivo singular”. Pero todos los funcionarios públicos, todos los operadores jurídicos y toda la sociedad española conocemos perfectamente que, mientras su régimen legal no se modernice, las oficinas de los denominados “registros vinculados a la fe pública” funcionan como empresas que contratan y despiden trabajadores en un régimen corporativo priviliegiado heredado de la etapa preconstitucional, y que constituye una anomalía en los países de nuestro entorno. Baste conocer que la asociación profesional de dicho sector pertenece a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

En definitiva, sólo podríamos coincidir con la versión del Gobierno en que no se trata de una “liberalización”; pero sí estamos ante una verdadera privatización controlada y ciertamente privilegiada.

Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales consideramos por tanto injustificada esta grave decisión, que saca por primera vez de la estricta esfera pública los datos oficiales de todos los españoles.

El Ministro de Justicia Rafael Catalá, en su reciente comparecencia ante la comisión de justicia del Congreso de los Diputados, definió también esta atribución como una “desjudicialización” permitida por la Ley 20/2011, pero lo cierto es que el Gobierno tiene a su disposición otras opciones para la atribución del Registro Civil sin sacarlo de la esfera pública, circunstancias que se dan, por ejemplo, con el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, lo que redundaría en beneficio del servicio público, y sería una excelente vía para racionalizar las competencias de jueces y magistrados. Desde el SISEJ proponemos esta posibilidad no desde un punto de vista corporativista, sino en la sincera creencia de que es una solución factible, racional y con plenas garantías para desjudicializar el Registro Civil en beneficio del servicio público, beneficio que debería ser el principio orientador de la acción de Gobierno por encima de cualesquiera otros intereses.

Este grave error del Gobierno tiene también consecuencias económicas. Queremos destacar que en los presupuestos generales del Estado para 2015, al igual que en los de 2014, se ha destinado una partida de alrededor de 25 millones de euros más para este cambio, a lo que hay que sumar más de 130 millones de euros ya invertidos durante los últimos años para la modernización, informatización y digitalización del Registro Civil.

La gestión de este proceso también está en el aire en este último tramo de la legislatura, se está realizando desde la máxima opacidad, y sólo consta públicamente el anuncio que el Ministro Catalá realizó para la creación de una comisión mixta integrada exclusivamente por el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores.

Finalmente, desde el Sindicato de Secretarios Judiciales queremos manifestar que el Gobierno está a tiempo de corregir esta equivocada decisión, para lo cual tendrá todo nuestra disposición al diálogo. Creemos además necesario un pacto entre las fuerzas políticas y agentes sociales para la recuperación del Registro Civil público y gratuito para toda la ciudadanía, si el Gobierno finalmente consuma este cambio en lo que resta de legislatura.

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