La regeneración democrática pasa por la derogación de la privatización del Registro Civil, por beneficiar al colectivo al que pertenece Rajoy y su familia

Hoy ha acudido al Congreso de los Diputados el Sr. Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, para exponernos su enésimo plan contra la corrupción política y la regeneración democrática. Corrupción que afecta principalmente al Partido Popular, del que es Presidente. 

¿Alguien se cree el discurso de Rajoy en este tema? Poca gente. ¿Alguien recuerda que se hayan implementado las medidas anunciadas al respecto en los últimos 3 años, incluida su comparecencia ante las Cortes Generales por el caso Bárcenas? Nadie. Rajoy siempre propone hacer tábula rasa con la corrupción a partir de ahora, pero lo que ha sucedido antes, los beneficios obtenidos por muchos políticos en operaciones de dudosa legalidad amparándose en información privilegiada o su cercanía a los ámbitos del poder no se toca, salvo que algún Juez le dé por investigar. 

Hoy ha tenido Rajoy una oportunidad de oro para hacerse creible. Le bastaba con anunciar la derogación de la asunción del Registro Civil por los Registradores, colectivo al que pertenece junto con su familia, impuesto en un Real Decreto Ley aprobado en el verano, sin debate alguno. Una vez más, ha desperdiciado la ocasión. Tal y como dice Pedro Sánchez, Rajoy no está capacitado ni legitimado para limpiar la democracia. 

La asunción del Registro Civil por los Registradores Mercantiles (antes de la Propiedad) fue ideada para apuntalar los privilegios del Cuerpo de Registradores y garantizar la subsistencia de esta función, tal como hoy es prestada, durante las próximas décadas. Mucho ha tenido que ver el que el anterior Director y el Subdirector de la Dirección General de los Registros y del Notariado fueran registradores y que Rajoy y su familia pertenezcan a este Cuerpo; es el resultado de la iniciativa del lobby registral y no tiene nada que ver con los intereses de la mayoría o la mejoría del servicio público.

Desde noviembre de 2012 el Gobierno ha ido perfilando la atribución al Cuerpo de Registradores de la llevanza del Registro Civil, en sustitución de los jueces actualmente a su cargo. Ya desde el nefasto Borrador de Anteproyecto de Reforma Integral de los Registros, y aprovechando la coyuntura, no sólo se procedía a extender a este registro los principios de funcionamiento del Registro de la Propiedad -lo que es completamente inadecuado- sino además los mismos parámetros de retribución, lo que implicaba la patrimonialización de un servicio público extraordinariamente sensible en beneficio de intereses particulares. Hoy se dice que el Registro Civil seguirá siendo gratuito, pero por la puerta de atrás sacan de su ámbito los expedientes de Registro Civil para dárselos a los Notarios, que cobrarán el oportuno arancel, y se preparan para cobrar el acceso a las bases de datos de Registro Civil por parte de las Administraciones Públicas y Notarios y hacer suyos los beneficios de otros Registros, como el de últimas voluntades. 

En dicho borrador de Anteproyecto se pretendía absorber a su vez las actuales prerrogativas de funcionamiento del Registro Civil por el de la Propiedad y el Mercantil, con la finalidad de investir casi con la autoridad judicial las decisiones de los registradores en todos estos ámbitos, de forma que no pudieran ser revisadas por la Administración del Estado, sino únicamente por el órgano judicial "superior". La reforma, auspiciada por el entorno de Rajoy, les configuraba como un poder independiente del Estado situado al margen de cualquier exigencia de responsabilidad efectiva. Hoy ese borrador , calificado de escandaloso y mesiánico, duerme en un cajón, pero el Gobierno va poco a poco implementado las ideas fundamentales contenidas en el mismo con la única finalidad de fortalecer la posición monopolística de los Registradores en el tráfico jurídico y en la seguridad preventiva, y así se ha aprobado, por la puerta de atrás, la privatización del Registro civil en un Real Decreto Ley infame e inconstitucional. 

Si Rajoy creyera en la regeneración democrática, sabría que como dice el refrán el Presidente del Gobierno y los miembros del mismo no sólo deben ser gente honrada, sino que además deben también parecerlo. Rajoy podría haber anunciado la derogación de la privatización del Registro Civil porque él y su familia son supuestos beneficiarios de dicha privatización, y la búsqueda de un consenso con todas las fuerzas políticas, tal y como el que alumbró la Ley 20/2011 de Registro Civil, pero no ha querido, y por eso Rajoy sigue igual que siempre, o sea, fatal para la democracia en España. 

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