Catalá toma por tontos al personal de los Registros Civiles al tratar que traguen con la privatización del Registro Civil con recolocaciones en otros órganos jurisdiccionales a las que tendrían derecho en cualquier caso

Las manifestaciones del Sr. Catalá en la reunión que mantuvo con las organizaciones sindicales, según las informaciones difundidas por éstos y la nota de prensa que colgó el Ministerio de Justicia en su página web, demuestra el desprecio que Catalá y este Gobierno tiene por el personal actual del Registro Civil, al que pretende privar de sus derechos ofreciéndole una recolocación en órganos jurisdiccionales a la que en cualquier caso tendrían derecho. 

Los funcionarios y funcionarias de los Registros Civiles ya tragamos, de mala manera, con la Ley 20/2011, de Registro Civil, y la modificación complementaria de la LOPJ que suprimía como centro de destino los Registros civiles, porque al menos la Ley 20/2011 nos reconocía una serie de derechos y posibilidades:

El primero, y fundamental, en la Disposición Transitoria Octava, se establecía que el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, estuviera prestando servicios con destino definitivo en los Registros Civiles Únicos, allá donde los hubiere, o tuviera asignadas funciones de registro en las oficinas judiciales con funciones de Registro Civil, podría optar a participar en la convocatoria de provisión de puestos de trabajo de las Oficinas Generales del Registro Civil, en la que tendría derecho preferente por una sola vez, dentro del ámbito territorial del órgano convocante, a obtener destino definitivo. En tal caso permanecerían en la situación de servicio activo y percibirían las retribuciones básicas correspondientes a su Cuerpo y las complementarias asignadas en la Relación de Puestos de Trabajo.

La segunda, la posibilidad que resulta de la Disposición Adicional Primera de que, al determinar el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia, mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo, las dotaciones de personal necesario de las Oficinas de Registro Civil, que dicha RPT fuese abierta, en el sentido de que pudiésemos acceder a los puestos personal de la Administración de Justicia. 

Pues bien, este derecho y esta posibilidad desaparecen por completo con la privatización del Registro Civil y su asignación a los Registradores Mercantiles, pues ni tenemos derecho como funcionarios públicos a ocupar un puesto de trabajo en las oficinas de los Registros Mercantiles, que se rigen por el ámbito privado como cualquier empresa privada, ni se va a confeccionar una RPT de dichas oficinas por ser tal mecanismo propio de las Administraciones Públicas, lo que no son los Registros Mercantiles. 

Esto, Sr. Catalá, fue objeto de negociación entre las organizaciones sindicales y el Ministerio de Justicia, y fue respetado por todos los partidos políticos en la aprobación de la Ley 20/2011. Esto fue lo que evitó que nos echáramos la manta a la cabeza y saliéramos en masa a protestar contra esta Ley que podía implicar la pérdida de nuestros puestos de trabajo. Esto, Sr. Catalá, es lo que nos quedaba a los funcionarios y funcionarias del Registro Civil y que usted nos quiere quitar, para satisfacer a su jefe Rajoy.

Sr. Catalá: usted nos toma por tontos. Pretende que traguemos con la privatización del Registro Civil y la pérdida absoluta de nuestros derechos, simplemente garantizándonos que ocuparemos otro puesto de trabajo en órganos jurisdiccionales. ¡¡¡¡ Pero si eso ya lo tenemos tanto en la LOPJ, como en nuestro Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo y en la propia Ley 20/2011!!!! Es que es lo menos que puede hacer, cumplir la Ley, y ofrecer además la formación precisa para poder adecuarnos a los nuevos puestos de trabajo. ¿Pero qué pasa con nuestros derechos, reconocidos en la Ley 20/2011? ¿Qué pasa con nuestra formación en materia de Registro civil, nuestra experiencia, nuestros años de servicios en oficinas de atención al público? Que se van al garete, ni más ni menos. 

Y en cuanto al personal no funcionario, los interinos, usted ofrece, limitado a su ámbito de competencia, que sigan trabajando. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Va a modificar las plantillas de los órganos judiciales para que asuman todo el personal de los Registros Civiles? ¿Qué pasa con las comunidades autónomas con competencias?

Sr. Catalá: Decir que el único cambio será que todo ese personal pasará a realizar funciones estrictamente jurisdiccionales, lo que ayudará a la descongestión de la Justicia, es tan engañoso como afirmar que crea cientos de plazas de jueces que ya estaban trabajando en la actualidad. Asumir el compromiso de garantizar que en aquellas comunidades autónomas gestionadas por el Ministerio no se destruirá un solo puesto de trabajo como consecuencia de la reforma del Registro Civil le puede servir para lavar su cara ante la opinión pública, no ante los funcionarios. 

No nos tome por tontos, Sr. Catalá, vaya a dar la cara al Registro civil de Madrid, o al de Barcelona, o al Central, y explíqueles que les priva de sus derechos, y que sus años de servicio, dedicación, formación y esfuerzo se van al garete para que los Registradores, incluido Rajoy, puedan consolidar su posición en el tráfico jurídico, en beneficio propio. 

Llegan las elecciones, y por tanto la hora de divulgar lo que está haciendo el PP con el Registro civil, la desaparición próxima de todos los Registros Civiles municipales y apoyar a las opciones políticas que sean contrarias a la privatización del Registro Civil. 

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