Catalá se apoya en Esquerra Republicana de Catalunya para justificar la privatización del Registro Civil

Como a Catalá se le acaban los argumentos para justificar la privatización del Registro Civil, ha tirado de hemeroteca, tal y como hizo en su día Gallardón, y ha intentado justificar la privatización del Registro Civil, que ha sido rechazada por todos los partidos políticos del parlamento excepto el PP, recordando que durante la tramitación de la Ley 20/2011 Esquerra Republicana de Catalunya propuso dar el Registro Civil a registradores y según Catalá "nadie le consideró sospechoso de privatizarlo".

Así lo ha hecho Catalá en una entrevista concedida a Actualidad Jurídica Aranzadi, según anuncia Europa PressEl ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que "difícilmente" puede entenderse que el Registro Civil vaya a ser privatizado porque los registradores son "funcionarios públicos". De hecho, ha recordado que, cuando el PSOE aprobó la ley que desjudicializa este servicio, ERC propuso que su gestión fuera asumida por los registradores y "no parece que sea un partido sospechosos de querer privatizar nada".

En dicha entrevista Catalá recuerda que ha retomado el diálogo con el Colegio de Registradores, analiza las reformas de su departamento y advierte sobre la "sensación de desanimo" que genera la existencia de macroprocesos de corrupción que "parecen eternos" en los tribunales.
Muy mal lo tiene que ver Catalá cuando se tiene que apoyar en ERC para justificar la privatización del Registro Civil. ERC debe estar contenta de que a partir de ahora apoye sus postulados políticos, igual hasta se ha vuelto Catalá independentista. Por otro lado, una mentira como que los Registradores son funcionarios, por mucho que la repita no por eso se convierte en verdad; la consideración de funcionarios públicos que hace la Ley Hipotecaria es a efectos de derechos, pero no de deberes, responsabilidad o incompatibilidades. La Unión Europea no les considera funcionarios públicos, y por tanto sus operaciones están sujetas a IVA, y su personal, al que pueden contratar y despedir libremente como cualquier empresario, no son funcionarios públicos. 
Quizás Catalá no recuerda que la Ley 20/2011 fue aprobado por el consenso de todos los partidos políticos, incluido el PP que decía entonces que no hacía falta aprobar una nueva Ley de Registro Civil, y que la Ley 20/2011 mantiene en todo caso al Registro Civil dentro del ámbito de las Administraciones Públicas, servido por empleados públicos del primero al último, y con ejercicio de competencias ejecutivas por parte de las Comunidades Autónomas, todo lo cual resulta imposible con la privatización del Registro Civil mediante su entrega a los Registradores Mercantiles. Catalá, hasta ERC votó la Ley 20/2011. 

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