Las tres patas de una reforma que cojea por todos los lados

El Ministro de Justicia, en sus reuniones ahora con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia, sigue justificando la privatización del Registro Civil en tres pilares, que en conjunto cojean a cada cual más y demuestran la fragilidad de sus postulados: los registradores mercantiles son funcionarios públicos, se garantiza la gratuidad del registro civil para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales. 

En cuanto a que los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos, harto es sabido que tal consideración le viene por imperativo de la Ley Hipotecaria en cuando que se les reconocen derechos en cuanto tales, pero que ni sus deberes, ni sus obligaciones, retribuciones o incompatibilidades son las propias de los funcionarios públicos. Miré, Sr. Catalá, decir que lo único que diferencia a los Registradores Mercantiles del resto de funcionarios públicos es que aquéllos cobran por arancel significa desconocer muy profundamente lo que es la Administración Pública, lo que sorprende en alguien que ha sido Director General de la Función Pública en nuestro país. Cuando usted ejercía como tal, ¿recuerda haber adoptados medidas dentro de dicha dirección que afectara a este colectivo?. Sr. Catalá, una cosa es que puedan tener la consideración de funcionarios públicos, y otra que en esencia lo sean. Y usted sabe que no lo son. 

Sobre la gratuidad para el ciudadano. Diga la verdad, Sr. Catalá. Diga que los hoy llamados expedientes de Registro Civil van a pasar a ser competencias de los notarios, a los que habrá que pagar por sus servicios. Diga que si se sufraga con cargo al arancel del Registro Mercantil, los ciudadanos y las empresas que utilicen los servicios de este Registro van a sufragar indirectamente el Registro Civil. Diga si se va a cobrar o no a las Administraciones por acceder a la base de datos de Registro Civil. Diga si se va a cobrar a los Notarios, cuando tengan que acceder obligatoriamente para cualquier negocio jurídico a la ficha registral de los ciudadanos, si se les va a cobrar por dicho acceso, que luego evidentemente se repercutirá en el ciudadano. Diga de una vez claramente cómo pretende financiar el Registro Civil. 

Y en cuanto a la titularidad estatal de los datos. Mire usted, los datos son de cada uno, la titularidad estatal será del programa que los gestione. ¿Y quién va a gestionar dicho programa? Personas que no son empleados públicos, sino contratados y despedidos directamente por su empresario, que es el Registrador Mercantil para el que trabaje. ¿De qué vale hablar de titularidad estatal de los datos si su gestión se encomienda a manos privadas?

Sr. Catalá, se le acaban los argumentos. 

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