Rectificación registral

La privatización de los Registros civiles ha entrado en vía muerta. Por fin se ha impuesto la cordura. El proyecto no satisfacía a nadie. A los beneficiarios, los registradores, porque de continuar siendo un servicio público gratuito supondría una gran carga para estos profesionales o, en caso contrario, deberían ser compensados por el erario público. A los funcionarios y a los empleados interinos del Registro Civil, porque unos perderían su destino y otros su empleo. Y a los ciudadanos, porque ninguno se acababa de creer que el servicio llegara a funcionar sin la implantación de tasas.

Pero aparte del previsible coste para el usuario, la propuesta de encomendar estas funciones a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con un modelo de gestión privada es una clara irracionalidad y una grave irresponsabilidad. La naturaleza pública debe ser la esencia del sistema registral cuando se gestionan datos de carácter personal. No podemos degradar a la persona a la categoría de cosa o mercancía. Pensemos que, además de datos relativos a filiación, matrimonios u óbitos de las personas, se inscriben otros más delicados e íntimos, como disforias de género, adopciones o incapacidades.

El proyecto ahora paralizado y algunas de las soluciones que se están dejando entrever evidencian un cierto desconocimiento de la realidad. Un ejemplo: apostar por inscripciones "automáticas" de nacimientos (otra cosa es la transmisión de datos) a través de redes telemáticas desde hospitales es una mera ocurrencia porque supondría dejar la fe pública en manos de personal no funcional y sin experiencia.

El Registro Civil en la actualidad está judicializado. Se ha revelado que esta forma de llevanza aporta juridicidad y seguridad al proceso registral. Es preferible que los datos íntimos de las personas se traten y protejan con las garantías de la tutela judicial. De todos modos, se ha rectificado. Ojalá la rectificación sea definitiva. Entretanto, felicitémonos.

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