La privatización de los Registros civiles ha entrado en vía muerta. Por fin se ha impuesto la cordura. El proyecto no satisfacía a nadie. A los beneficiarios, los registradores, porque de continuar siendo un servicio público gratuito supondría una gran carga para estos profesionales o, en caso contrario, deberían ser compensados por el erario público. A los funcionarios y a los empleados interinos del Registro Civil, porque unos perderían su destino y otros su empleo. Y a los ciudadanos, porque ninguno se acababa de creer que el servicio llegara a funcionar sin la implantación de tasas.
Pero aparte del previsible coste para el usuario, la propuesta de encomendar estas funciones a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con un modelo de gestión privada es una clara irracionalidad y una grave irresponsabilidad. La naturaleza pública debe ser la esencia del sistema registral cuando se gestionan datos de carácter personal. No podemos degradar a la persona a la categoría de cosa o mercancía. Pensemos que, además de datos relativos a filiación, matrimonios u óbitos de las personas, se inscriben otros más delicados e íntimos, como disforias de género, adopciones o incapacidades.
Pero aparte del previsible coste para el usuario, la propuesta de encomendar estas funciones a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con un modelo de gestión privada es una clara irracionalidad y una grave irresponsabilidad. La naturaleza pública debe ser la esencia del sistema registral cuando se gestionan datos de carácter personal. No podemos degradar a la persona a la categoría de cosa o mercancía. Pensemos que, además de datos relativos a filiación, matrimonios u óbitos de las personas, se inscriben otros más delicados e íntimos, como disforias de género, adopciones o incapacidades.
El proyecto ahora paralizado y algunas de las soluciones que se están dejando entrever evidencian un cierto desconocimiento de la realidad. Un ejemplo: apostar por inscripciones "automáticas" de nacimientos (otra cosa es la transmisión de datos) a través de redes telemáticas desde hospitales es una mera ocurrencia porque supondría dejar la fe pública en manos de personal no funcional y sin experiencia.
El Registro Civil en la actualidad está judicializado. Se ha revelado que esta forma de llevanza aporta juridicidad y seguridad al proceso registral. Es preferible que los datos íntimos de las personas se traten y protejan con las garantías de la tutela judicial. De todos modos, se ha rectificado. Ojalá la rectificación sea definitiva. Entretanto, felicitémonos.
José Antonio Vega Vega, en el Periódico de Extremadura.com, 04.05.2015
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