El Registro Civil, una privatización con freno y marcha atrás, por Ignacio Gomá Lanzón

La semana pasada apareció en Infolibre la noticia de que el gobierno había decidido paralizar la cesión (también en El Confidencial y posteriormente en otros medios) del registro civil a los registradores. Creemos que hay que congratularse de esta noticia, no porque se trate de la cesión precisamente a los registradores, que creo que los registradores, junto con los notarios consiguen un delicado equilibrio en el tráfico jurídico que ha fructificado en un adecuado y eficaz sistema de seguridad jurídica. Es más, en sí mismo, que un cuerpo de registradores llevara un registro, el civil, no tenía nada malo. Incluso podía parecer lógico.

Sin embargo, en tal encomienda había algo más que una simple reorganización de funciones; suponía algo que habíamos denunciado reiteradamente en el blog: una captura del regulador, que resulta afectado o influenciado por un determinado grupo de intereses y que consigue que la norma juegue a su favor, como tuve oportunidad de comentar aquí. En ese mismo post están enlazados otros de Rodrigo Tena y de Andrés Ylla sobre esta cuestión, que explican el panorama que he esbozado. En este caso, mediante la toma física de la Dirección General de los Registros y del Notariado y el aprovechamiento de una influencia en todas las instancias políticas, que llevaba directamente a un reforzamiento extraordinario de la posición registral, no gratuita sino a costa de otros principios de nuestro sistema de seguridad jurídica. El proceso se desarrolló en varias fases:

- primeramente, con un cambio radical de la doctrina de la Dirección General bajo el Director General anterior a través de sus resoluciones, en sentido de reforzar siempre la función registral, la función calificadora y el significado de la inscripción.

- segundo, con un intento de transformar con rango legal el sistema con la malograda ley de Reforma Integral de los Registros, que básicamente convertía a los registros ser el punto central de la vida jurídica, como verdaderos “asignadores de Derechos” -en la terminología usada doctrinalmente en ámbitos registrales- y la consagración del anhelado principio “lo que no está en el registro no está en el mundo”. Todo ello en contra de las reglas que rigen nuestro sistema jurídico real inmobiliario y mercantil.

- al fracasar, la maniobra subsiguiente consistió en trocear la ley e ir promulgando leyes sectoriales que consiguieran el mismo o parecido efecto: reforma del reglamento del registro mercantil e hipotecario, la ley de garantías posesorias de sobre bienes muebles, el catastro. Entre ellas estaba la absorción del Registro Civil por los registradores mercantiles que, como idea general, presentaba muchos menos flancos de crítica porque aparecía como una asunción gratuita, pero que ocultaba, con una opacidad digna de mejores lances, una extraña cesión por vía del Ministerio de Defensa de un contrato millonario de informatización a no se sabe quién. Lo cierto es que esto también fracasó, y en tal fracaso tuvieron también su papel muchos registradores que no veían clara la operación y generaron una contestación interna muy importante.

- la última fase ha sido la posibilidad de cesión a los registradores en general mediante la elevación de los aranceles registrales en otras cuestiones, como hace pocas semanas confesó el propio ministro que, no obstante, era “el primero que firma contra la privatización del registro civil”. Todos entendemos que si se hace un trabajo debe remunerarse, pero no se diga entonces que es una cesión gratuita y estúdiese detenidamente de dónde sale esa financiación y quien la paga.

En resumen, como me comentaba recientemente con sorna mi compañera Concepción Barrio del Olmo, la cosa parecía una película de terror de esas de cuando el monstruo parece aniquilado y los protagonistas respiran relajados, repentinamente el monstruo revive y les vuelve a atacar con un chan-chan de tensión suprema de fondo (también recordar Atracción Fatal con Glenn Close reviviendo en la bañera con el cuchillo ensangrentado, tras ser en apariencia ahogada). Un largo proceso que significaba la consolidación de un proyecto que sólo se podía culminar con la llegada del registrador Rajoy al poder y que esperemos haya terminado.

Decía Fraga que los socialistas sólo aciertan cuando rectifican. Yo no sé si es el caso, pero aplicado a otro partido político (pues habría que añadirle la rectificación en el tema del aborto y en lo de las tasas), pero sí debo decir que se han gastado demasiadas energías y tiempo en algo que no debería haberse permitido en ningún momento y que era bastante obvio que constituía un abuso. Quizá la proximidad de las elecciones y las malas perspectivas en ellas del partido en el Gobierno hayan hecho reflexionar al regulador sobre las consecuencias de este tipo de cosas, que habían concitado la oposición unánime de funcionarios y empleados del registro civil, abogados, notarios y jueces.

Y ahora hay que desmontarlo. Nos informa la famosa tuitera Verónica del Carpio (a la que agradecemos la información) de que, al parecer, en reunión con sindicatos el 28 de abril el ministro Catalá ha dicho dentro de qué leyes “se meterá” la derogación de la cesión del Registro Civil a los registradores. Esta se aprobó por dos normas con rango de ley, RDL 8/2014 y ley 18/2014, lo que exige otra norma con rango de ley. La derogación, según Catalá, se hará de la siguiente forma, en ambos casos por vía de enmienda: 1) incluyendo la derogación de las disposiciones adicionales de esas dos normas que encomendaban el Registro Civil a los registradores mercantiles dentro de la ley de concesión de nacionalidad a sefardíes que está ya en Senado y estaría aprobada y en el BOE enseguida 2) la prórroga de la “vacatio legis” de la Ley del Registro Civil de 2011, dentro de un proyecto de ley sobre temas de Administración de Justicia y Registro Civil que lleva meses parado, y esto tardaría más porque su tramitación parlamentaria va mucho más adelantada, y la prórroga sería quizá uno o dos años. En fin, patada para adelante.

No parece un modelo de técnica legislativa para desfacer tanto entuerto, pero desde luego, en esta ocasión más vale quejarse con la boca chica. Eso sí, a ver si es en serio y la película termina bien.

Ignacio Gomá Lanzón, Notario, en el Blog Hay Derecho? Pinchando en el enlace se accede a los comentarios de este post en dicho blog.

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