El Registro Civil de Pontevedra vuelve a celebrar bodas

Los funcionarios del Registro Civil de Pontevedra recibieron ayer la orden de volver a señalar la celebración de bodas, unos enlaces que se habían suspendido como consecuencia de la pretendida entrada en vigor el 15 de julio de la reforma legal de estos organismos públicos. Sin embargo, la decisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de renunciar a que los registradores mercantiles se hicieran cargo del Registro Civil ha propiciado que se puedan fijar enlaces matrimoniales de nuevo en el edificio de A Parda.

Según trascendió ayer, las bodas se señalarán, en principio, durante los dos próximos años. Y es que estos veinticuatro meses son el período de vacatio legis que ha establecido el Gobierno al enmendar la pretendida y polémica reforma, con lo que se ha derogado la normativa que preveía el traspaso de poderes.

«Estamos abiertos a propuestas. Nos planteamos el plazo e, incluso, el modelo», señaló días atrás el propio Catalá, palabras que tumban otro de los grandes proyectos legislativos de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, quien ya ha visto cómo se quedaban en el tintero su reforma de la Ley del Aborto o la de las tasas judiciales. La intención del actual ministro de Justicia, según se desprende de sus declaraciones, es alcanzar un pacto y consenso general para modificar estos entes: «No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las Administraciones públicas, por los trabajadores, por los sindicatos y por los partidos políticos. Sería absurdo».

Esta decisión ha sido aplaudida por los empleados públicos pontevedreses y centrales sindicales. Incidieron en que el hecho de que durante el Gobierno de Zapatero se instase a la desjudicialización del Registro Civil, no significó que «se apostase por una privatización como, hasta ahora, parecía promoverse desde el Partido Popular».

En este sentido, fuentes sindicales destacaron que lo único que se busca con la desjudicialización es que estos órganos no tengan que estar supervisados por un juez o magistrado, «pero no que dejen de dar un servicio público y gratuito».

En todo caso, el futuro del Registro Civil es, en estos momentos, incierto. Aparcada la reforma de Gallardón, a día de hoy no se dispone de un modelo de cómo deberán ser estos organismos administrativos una vez transcurran los dos años de vacatio legis. Este período queda establecido en sendas enmiendas, la primera de las cuales establece, entre otras cuestiones, que «quedan derogadas las disposiciones adicionales (...) de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia», mientras que la segunda concreta que «la presente ley entrará en vigor el 30 de junio de 2017».

Defunciones y nacimientos

En cualquier caso, lo que sí sigue adelante es el proyecto de que desde los hospitales pontevedreses se registren tanto los nacimientos como las defunciones que en ellos tengan lugar. No obstante, se ha demorado unos meses su entrada en vigor, que ahora será el próximo 15 de octubre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario