Temor a la reforma del registro civil


Los funcionarios de ese departamento advierten de que privatizar la gestión dándosela a los registradores mercantiles encarecerá el servicio.

«Non á privatización do rexistro civil». La demanda se repite en las decenas de folios que cuelgan de las paredes de los juzgados de Vigo. Su número se multiplica a medida que los usuarios del servicio se acercan al mostrador de atención al público. Hay cola. Y bastante: inscripciones, petición de certificados de defunción, de matrimonio...

Esa inquietud que se muestra los carteles no es nueva, pero se disparó en junio del año pasado, cuando el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comunicó al Senado que serían los registradores mercantiles los que asumirían la gestión del registro civil. La ley 20/2011 relativa a ese organismo, que fue aprobada por el PSOE, lo desjudicializaba, pero no determinaba qué funcionario se encargaría de él.

Como explican las fuentes consultadas, la desjudicialización no fue vista con malos ojos en el sector, aunque pensando en que sería la Administración pública la que continuaría haciéndose cargo del servicio. Porque aunque entonces Gallardón aseguró el mantenimiento de la gratuidad para el ciudadano, los funcionarios no se lo creen.

En el intestino de la oficina viguesa los trabajadores del registro argumentan sus porqués. «Puede que no cobren por inscripciones, pero luego van a cobrar por los certificados. Ahora los piden para todo, para ir al colegio, para el Inem, para el banco, para cobrar una ayuda... Y eso es lo que la gente no sabe», dicen.

Algo parecido es lo que llevan meses denunciando desde UGT. «A partir del 15 de julio de este año se va a pagar por todos los trámites, a excepción de inscripciones de nacimiento y defunciones», explican. Y critican que el argumento para llevar a cabo la privatización sean las colas, porque, como añaden, un estudio del Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos, del Ministerio de Economía, elaborado en mayo del 2013, daba un porcentaje de satisfacción del 85 % para los servicios ofrecidos por ese departamento judicial.

Pero además ponen en guardia a los usuarios con otro argumento: «Van a ser ellos directamente los que paguen por los servicios, pagos que van a ser cuantiosos puesto que hay, como poco, que pagar los 120 millones de euros que -según sus cálculos- podría suponer a los registradores hacerse cargo de la gestión». Porque la reforma de Gallardón pretendía obligar a los registradores a costear el mantenimiento del registro, además de retirarles el control del programa informático para llevarlo a cabo. El decreto 8/2014 del 4 de julio estipulaba la adjudicación del programa informático para la nueva gestión a una empresa privada, algo que deberán sufragar los registradores. Eso no gustó a los registradores mercantiles. Esa batalla abierta, unida a las continuas protestas por parte del funcionariado, pueden ser las razones que hayan llevado al actual ministro Rafael Catalá a replantearse la reforma de su antecesor. No sería la primera vez que desmonta una reforma de su antecesor. Ya lo hizo con el tema de las tasas, que fueron suprimidas para las personas el sábado pasado.

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